
Transportistas y gremiales coordinan protestas contra el gobierno de Luis Arce a escala nacional con bloqueos de carreteras, marchas, intentos de toma de instalaciones aduaneras y advertencias de agudizar el conflicto. La reacción del Ejecutivo ha sido este lunes mostrar diálogo con el sector farmacéutico y convocar a reuniones a los dirigentes de los movilizados.
Las movilizaciones exigen la reaparición de dólares en el sistema financiero, la normalización en el suministro de carburantes, impedir la elevación de aranceles aduaneros, el archivo del proyecto de ley que autoriza a la Aduana el decomiso de productos de contrabando en los mercados y la abrogación del Decreto 4732, que regula la compraventa de inmuebles.
Conductores del transporte pesado a nivel nacional e internacional instalaron bloqueos en la ruta que une La Paz con Oruro, en las localidades de Pisiga y Pasto Grande. También se produjeron bloqueos en Arroyo Concepción (en la frontera con Brasil) y en la ruta Yapacaní-Santa Cruz.
Por su parte, los gremiales salieron en marcha desde l ciudad de El Alto hasta el centro de la sede de gobierno, donde realizaron un mitin en el que anunciaron que radicalizarán as medidas de presión si Gobierno no responde positivamente a sus demandas.
En Santa Cruz, los gremialistas marcharon desde diferentes puntos de la ciudad para congregarse en la plaza 24 de Septiembre. «Vamos a quemar el comunismo», «No hay dólares», «Anulación del DS 4732», «Respeto a la propiedad privada», decían algunos de los carteles que exhibían, según reportó el diario El Deber.
Los transportistas, en coordinación con los gremialistas, rodearon instalaciones aduaneras en El Alto, en la carretera Oruro-La Paz y en Santa Cruz. Aprovecharon para advertir al Gobierno con llevar al conflicto a protestas de carácter indefinido porque ya no están dispuestos a trabajar a la pérdida por falta de dólares, combustibles y acciones gubernamentales para superar la crisis económica..
Elsector del transporte pesado pide incrementar el suministro de diésel a escala nacional, ante una política de control que lleva adelante YPFB que, según la estatal, busca frenar la sobredemanda de gasolina y diésel.
Esto ha generado largas filas en surtidores de las ciudades del eje central; sin embargo, desde el Gobierno atribuyen este problema a la especulación y a la sobredemanda de estos productos que después son desviados al contrabando.
Los gremialistas exigen la abrogación del Decreto Supremo (DS) 4732, que está vigente desde junio de 2022, y pone freno a las cláusulas y prácticas comerciales «abusivas» en contratos de preventa. Desde la perspectiva de los gremialistas, esto busca controlar los bienes de las personas y atenta contra la propiedad privada.
Para contraponer la imagen de un país lleno de protestas, el gobierno de Arce se reunió este lunes con representantes de industrias farmacéuticas e importadores de medicamentos para tratar de acordar un mecanismo que garantice el suministro de dólares para mantener sus actividades.
Autoridades del Ejecutivo convocaron a los dirigentes de los sectores movilizados a instalar mesas de diálogo en las que, según dijeron, dijeron que hay dólares a disposición de los sectores, suministro normal de carburantes y voluntad para evaluar las normas ya vigentes o que están en tramite legislativo.
Pero también responsabilizaron de las movilizaciones al evismo. El polémico ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, acusó al jefe del MAS, Evo Morales, de estar detrás de las protestas con intereses político-electorales.
Fuente: Datápolis

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