Álvaro Quelali Calle, el dirigente de la FUL que ingresó a la universidad el 2002 y 20 años después continúa siendo estudiante

De acuerdo a la denuncia de exdirigentes de la UMSA, Álvaro Quelali, actual ejecutivo la FUL inició sus estudios en 2002 en la facultad de Ciencias Puras pero desde ese año nunca pudo culminar sus estudios, eso sí dedicó gran parte de los 20 años como universitario a la dirigencia estudiantil.

El estudiante Quelali de 38 años es brazo derecho del cuestionado dirigente del CEUB Max Mendoza de quien se supo, a sus 52 años, sigue figurando como estudiante en la UMSS de Cochabamba sin haber culminado sus estudios y percibiendo un sueldo de más de 20 mil bolivianos mensuales.

¿Pero como llegan a esos cargos ?

De acuerdo a testimonios de estudiantes de la UMSA que conocen a ambos personajes, aseguran que sus primeros pasos fue volverse militantes del MAS y llegar a conocer a Evo Morales y Alvaro García Linera como dirigentes «influyentes» de los estudiantes.

El siguiente paso consistió en pedir apoyo, recomendaciones para que puedan ser parte de puestos importantes a fin de promover la incorporación de nuevos jóvenes y hacer propaganda a todo nivel en favor del partido oficialista.

Así y de apoco, los dos lograron sus metas y se aseguraron el uno al otro, y conforme pasó el tiempo, dichos puestos se convirtieron en un modo de vida percibiendo grandes beneficios económicos hasta ahora no cuantificados.

En ninguno de los dos casos lograron vencer ni un 25 por ciento de sus carreras en los largos años de permanencia universitaria.

Tras lo sucedido en la Universidad Tomás Frías de Potosí, con la explosión de una granada de gas que cegó la vida de 4 personas, se desnudó grandes intereses políticos al interior de los centros de estudiantes a la cabeza de Max Mendoza como máximo dirigente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.

A nivel político tanto en el oficialismo y como en la oposición piden que todos los dirigentes que ingresan a las universidades, con propósitos personales al permanecer décadas como estudiantes, sean expulsados y respondan a la justicia en caso de hallarse hechos de corrupción.