Álvarez: «Tierras tomadas por interculturales son legalizadas para comerciarlas a extranjeros y otros vinculados al narcotráfico»

La diputada María René Álvarez (Creemos), cuestionó, este lunes, la permisividad del gobierno con la regularización de tierras fiscales no autorizadas, usurpadas por los “interculturales” y deforestadas para luego comercializarlas a extranjeros y otras personas vinculadas al narcotráfico.
“La estrategia del gobierno del MAS que utiliza a los ‘interculturales’ para avasallar tierras de Santa Cruz, se basa en acciones ilegales como asentamientos clandestinos que deforestan los bosques para luego tomar posesión y después de regularizados con las instituciones ‘competentes’, estas tierras luego son negociadas, en muchos casos con extranjeros y otros vinculados al lavado de dinero del narcotráfico que se camuflan con ganadería”, señaló mediante sus redes sociales.
Uno de los casos graves de deforestación para luego formalizar asentamientos humanos ilegales tiene que ver con la exconcesión forestal Romano, donde se detectó al menos 18 comunidades instaladas, por lo que el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, deberá someterse a un informe oral parlamentario (PIO) formulado por Álvarez, el mismo previsto para este miércoles (5 de octubre) en la Comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio.

“Las autoridades del INRA, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, deben explicar por qué esas comunidades están asentadas en exconcesión Romano, si éstas (comunidades) son originarias, si cumplen la función económica socia ¿qué actividad es esta? No es admisible que en un Estado medianamente organizado tengamos desórdenes administrativos que, inclusive, alteran el orden social”, cuestionó, más adelante, consultada sobre el tema.
En este sentido, Álvarez, alertó que el incumplimiento de las autoridades el Ejecutivo, como eludir los mecanismos de fiscalización parlamentaria podrían tener consecuencias legales por imposibilitar el acceso a la información pública entendido como derecho constitucional de todos los bolivianos.
Álvarez, señaló que la deforestación de bosques es uno de los mayores problemas vinculados a la tenencia ilegal de tierras, su impacto tiene que ver con efectos medio ambientales, incendios como mecanismo de tratamiento y toma irracional de predios, además de afectar el hábitat de los pueblos originarios.
Señaló que la ex concesión forestal Romano, es uno de los más claros ejemplos sobre el accionar de los denominados “interculturales”, que tienen la protección del gobierno para continuar con la deforestación de áreas sujetas a protección del Estado.