
Tras más de tres horas de audiencia cautelar, un juez determinó enviar a la cárcel de Palmasola, por 120 días, al abogado Óscar Gutiérrez, quien en primera instancia aseguró ser el propietario del millón de dólares, pero después cambió su versión ante el fiscal Alberto Zeballos.
Gutiérrez, según el viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, no sería el propietario de la fuerte suma de dinero robada por policías de Transito hace una semana. Dijo que en realidad es un testaferro de un boliviano de 31 años que está relacionado al cado del narcofugitivo Sebastián Marset.
El abogado fue trasladado bajo fuerte resguardo policial hasta el Palacio de Justicia esta mañana y cambió la versión de su inicial declaración ante la Fiscalía y dijo que la gran suma de dinero le pertenece a su sobrino que se dedica a realizar inversiones piramidales.
Junto a su hermano, el también abogado Omar Gutiérrez, son sindicados de reclamar la devolución del millón de dólares a tres policías que robaron la cuantiosa suma en una reunión que se desarrolló en el comedor de la Dirección de Tránsito de la ciudad de Santa Cruz, cuyo video fue difundido en sus redes sociales el polémico teniente coronel de la Policía, Yerko Terán Mendoza.
“Los hermanos Gutiérrez en un primer momento fueron los que se aproximaron hasta la Policía, sostuvieron una reunión con el subdirector de Tránsito pidiendo que se restituya esta suma de dinero, hecho que se dio entre el sábado y domingo”, detalló Aguilera.
Óscar Gutiérrez quedó aprehendido anoche, luego de presentarse a declarar de manera voluntaria ante el Ministerio Público por la ampliación a la investigación del robo del millón que se abrió por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
En su nueva versión, indicó que el millón de dólares es de propiedad de su sobrino y que había sido obtenido de préstamos piramidales, según informó su abogado defensor, Franklin Lobo.
Gutiérrez fue imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, porque no supo justificar el origen de la gran suma de dinero, según informó el fiscal asignado al caso, Alberto Zeballos.
En la imputación presentada ante el juez, Zeballos solicitó la detención preventiva del sindicado en la cárcel de Palmasola, por el lapso de 180 días, debido a que existen elementos suficientes que hacen presumir su autoría en el delito acusado.
Sin embargo, el juez cautelar ordenó la detención preventiva del imputado solamente 120 días en la cárcel de Palmasola. Además, consideró que existen riesgos procesales en su contra y lo declaró probable autor del hecho.
Fuente: Datapolis

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