Exministra Eidy Roca es apartada del proceso de respiradores chinos y el juicio oral continúa para los otros siete acusados 

Prensa FGE, La Paz (31.08.24). El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó hoy que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público hizo conocer al Juzgado de Sentencia Nº 25 Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad de La Paz la solicitud y antecedentes médicos de la exministra de Salud, Eidy R.J., e hizo conocer que no se opone a que sea excluida del proceso denominado Respiradores Chinos, por ello, la autoridad jurisdiccional declaró fundado el incidente y dispuso apartar del proceso a la exautoridad mientras que el juicio oral continúa para los otros siete acusados.

“El Fiscal presentó los documentos que se encuentran en el Ecosistema Justicia Libre como la solicitud de la defensa, los certificados médicos forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se hace conocer el estado de salud de la exministra y la Sentencia del Juzgado Público de Familia No. 15 de la ciudad de Santa Cruz, donde se dispuso declarar probada la declaración de interdicción, entre otros que han permitido que la exautoridad sea apartada del proceso por su estado de salud mientras continúa el juicio para los otros siete acusados”, dijo Alave.

La acusación formal del caso Respiradores Chinos se presentó por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y Delitos Contra la Salud Pública y ahora el juicio oral y contradictorio seguirá para el exviceministro de Salud, Elías R.C.C., el exasesor Jurídico del Ministerio de Salud, Jorge S.C., la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, Graciela M.R., el exjefe de Unidad de Redes y Servicios de Salud, Juan C.A.T., el exjefe de Unidad Financiera, Marco A.P.I., la exconsultora del Ministerio de Salud, Vania V. G., y el representante legal de la Empresa Grupo AGEM, Eduardo D.P. 

El proceso de investigación se inició en contra de los implicados en el proceso de contratación directa, presuntamente irregular, para la compra de 324 ventiladores pulmonares de origen chino, hecho registrado el año 2020 durante la crisis por la pandemia del Covid-19, que provocó una afectación económica al Estado de más de 10 millones de dólares americanos.