Ministro Lima señala que desconocer sentencia del TCP por parte de la ALP podría generar crisis de constitucionalidad

La autoridad agregó que el Tribunal Constitucional Plurinacional es la única instancia que realiza control de constitucionalidad por mandato de la CPE

Prensa_Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne recordó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es la entidad encargada de velar por el control de constitucionalidad en el país, por ese motivo una ley emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no podría sobreponerse a una declaración emitida por los primeros; en relación a los proyectos de ley 073 y 075 manifestó que sus componentes principales fueron declarados inconstitucionales con anterioridad.  

“Es necesario un debate jurídico en relación a la Disposición Cuarta de la Declaración Constitucional 49/2023 y de los Proyectos de Ley 73/2023-2024 y 75/2023-2024. Una Ley no puede declarar la NULIDAD de pleno derecho de una declaración constitucional, insistir en esa vía genera responsabilidad de parte de los asambleístas. Mi opinión al respecto”, señaló la autoridad en su red social X.

La autoridad manifestó que una ley no puede dejar sin efecto una decisión del TCP e indicó que los artículos 12 y 203 de la Constitución Política del Estado se refieren al tema, “el 12 señala que no se puede invadir la competencia de otro órgano del Estado y el 203 señala que quien tiene la última palabra es el Tribunal Constitucional”.  

“Es decir, una ley no puede ir en contra de una sentencia constitucional, esto rompería el control constitucional en Bolivia (…), es derecho vigente, una ley no va ha dejar sin efecto una sentencia o declaración constitucional, es un principio jurídico básico y por más que eso ocurriría va a quedar como una más de las leyes que no pueden cumplirse”, explicó el titular de Justicia.

El Ministro subrayó que el modelo de control de constitucionalidad está funcionando en el mundo. “El rol de los jueces en este tiempo es muy importante (…), el principio es que los jueces puedan reparar conflictos políticos; no es la solución ideal, pero es la solución que está en nuestra Constitución, es el modelo vigente”.  

“Ni la 073 ni la 075 tienen posibilidad alguna de llevar a la práctica sus mandatos y lo que no está permitido en la Constitución definitivamente no se va a aplicar, porque el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, dijo que la única forma de reemplazar a los magistrados es a través de la aplicación del artículo 203 de la Constitución”, explicó. 

En ese sentido, señaló que no hay argumentos jurídicos para seguir bloqueando y condicionando el tratamiento de los proyectos de ley que tienen que ver con el desarrollo económico del país, a los proyectos de ley 073 y 075. “Puntualmente no se puede aprobar esos proyectos de ley; el proyecto de Ley 073 de suspensión de plazos ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, invito a que se compare la Disposición Adicional Sexta numeral III del proyecto de Ley 144 declarada inconstitucional, también se refería a la suspensión de plazos, por tanto, la Asamblea Legislativa no puede tratar una ley que ya ha sido declarada en su contenido jurídico, inconstitucional”.

La autoridad refirió a que si bien el mandato de los actuales magistrados, feneció el 2 de enero de este año, el mismo fue ampliado por interpretación del Tribunal Constitucional, que es la única instancia que puede interpretar ante un vacío jurídico. «Se ha dado un vacío jurídico y no es admisible que se cierren los tribunales de justicia, ese aspecto es inconstitucional y había que resolverlo y lo ha hecho el Tribunal con la ampliación de mandato. Ese escenario sólo lo puede hacer el Tribunal Constitucional y lo ha hecho en la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023”.