
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), en el marco de la defensa legal gratuita que realiza desde el mes de mayo en beneficio del habitante tacana Miguel Supa, solicitó el sobreseimiento del caso ante la falta de elementos probatorios.
“Se solicitó sobreseimiento al fiscal que dirige las investigaciones, porque a criterio de la defensa, no se tiene ningún elemento que incrimine al señor Miguel Supa en los hechos investigados; se está a la espera de la determinación que tome el fiscal”, subrayó la directora del SEPDEP, Marcela Siles Jaksic.
En horas pasadas, la autoridad judicial dispuso la detención domiciliaria del señor Supa, luego de permanecer más de seis meses privado de libertad en el penal de San Pedro de La Paz, acusado de asesinato en grado de tentativa.
El habitante tacana, originario de San Miguel del Bala del norte del departamento de La Paz, fue privado de libertad el pasado 3 de abril, acusado de estar implicado en un enfrentamiento de tierras registrado el 27 de marzo en la comunidad de Chushuara del municipio de Apolo.
A partir de que el SEPDEP asumió la defensa, en el marco del acceso a la justicia y el ejercicio de derechos, solicitó en dos oportunidades la cesación a la detención preventiva y realizó la presentación de apelaciones; posteriormente, desde esta cartera de Estado, se requirió el sobreseimiento del caso debido a la falta de elementos probatorios.
“El señor Miguel Supa ingresó al Servicio Plurinacional de Defensa Pública el 6 de mayo de este año, en situación de detenido preventivo dentro de un proceso que se le sigue por asesinato en grado de tentativa; con observaciones en su certificado de nacimiento y sin cédula de identidad”, informó Siles.
En ese sentido, el SEPDEP, junto a otras instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, gestionó ante el Servicio de Registro Cívico (SERECI) y el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) el certificado de nacimiento y cédula de identidad del señor Supa, debido a que no contaba con los mismos.
Posteriormente el servicio de defensa pública, interpuso en dos oportunidades la solicitud de cesación a la detención preventiva, las mismas que fueron rechazadas en los meses de mayo y agosto, debido a la falta de documentación.
Sin embargo, tras gestionar la documentación de respaldo ante autoridades indígenas, vecinos y familiares del señor Supa, se apeló a la determinación judicial y se logró desvirtuar riesgos procesales, acreditando que no existe riesgo de fuga para hacer efectiva la detención domiciliaria en su comunidad.
Es así que el 11 de octubre, la autoridad judicial de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó conceder la cesación a la detención preventiva bajo las siguientes condiciones: Detención domiciliario del señor Supa; arraigo; presentarse una vez al mes ante el fiscal de Apolo, el primer martes de cada mes de 14:00 a 16:00; no acercarse al lugar de los hechos; y una fianza de 20.000 bolivianos.
Dicha resolución también fue apelada por el SEPDEP, debido a una flagrante vulneración a los derechos del señor Supa, ya que el mismo no contaba con ese monto de dinero. Es así que el 14 de octubre de 2022, la Sala Penal Primera de La Paz concede la apelación incidental y modifica la resolución, determinando que se cambie la fianza de 20.000 bolivianos a fianza juratoria.
Luego de las actuaciones descritas, el SEPDEP logró que, tras seis meses de detención preventiva, el pasado miércoles se disponga la medida alternativa y el trasladado del señor Supa hasta su comunidad.
“Ante la ausencia de algún familiar que pueda facilitarnos documentación, se hicieron varias gestiones hasta contactarnos con las autoridades de su comunidad que nos proporcionaron la documentación que requeríamos. Luego de los trámites pertinentes, y la colaboración de otras entidades, el señor Miguel Supa cuenta con documentos de identidad y detención domiciliaria”, relató la Directora.
Tras los obrados descritos, el SEPDEP anunció que a partir de esta cartera de Estado se solicitó el sobreseimiento del caso ante el fiscal asignado Freddy Torrez, debido a que no se tiene ningún elemento que incrimine al señor Supa en dicho proceso.
De acuerdo con el artículo 4 numeral 1 de la Ley 463 del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la finalidad del SEPDEP, es la de, “garantizar la inviolabilidad del derecho de defensa y el acceso a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, proporcionando la asistencia jurídica y defensa penal técnica estatal a toda persona denunciada, imputada o procesada carente de recursos económicos y a quienes no designen abogada o abogado para su defensa”.
Dentro de ese marco legal y en cumplimiento a sus competencias y atribulaciones, el SEPDEP vela por los derechos y garantías constitucionales del señor Miguel Supa, a través del patrocinio legal a fin de garantizarle un efectivo acceso a la justicia.

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