Seguimiento a recomendaciones del GIEI durará dos años; Gobierno acusa a Mesa y Camacho de trabar la justicia

El Gobierno nacional firmó este martes un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la instalación de la mesa de Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) Bolivia, sobre los hechos registrados en 2019.

La labor durará dos años y tendrá tres pilares fundamentales, según anticipó la secretaria ejecutiva del organismo internacional, Tania Reneaum, que sostendrá, entre hoy y mañana, reuniones con las víctimas de las violaciones de derechos humanos, registradas entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“Recalcar que nuestro trabajo se construye siempre desde las voces de las víctimas, de sus familiares, quienes nos enseñan con su valentía la forma de seguir el camino, de continuar el diálogo, tengan siempre la certeza que podrán contar con nuestro acompañamiento y solidaridad”, señaló la representante.

Los ejes que regirán la labor de la mesa de seguimiento son las reparaciones, investigaciones y cuestiones estructurales, tanto institucionales como normativas, mediante asistencia técnica para el desarrollo de herramientas que permitan cumplir las recomendaciones del GIE.

Los integrantes de esa instancia realizarán visitas de trabajo en terreno, reuniones con autoridades y llevarán adelante un foro social con víctimas, familiares y sociedad civil, con la finalidad de dar cumplimiento las 36 observaciones finales de los expertos que presentaron su informe en agosto de 2021.

“El presidente asumió un compromiso con el país, se dará cumplimiento a todas las recomendaciones del GIEI. Se ha planteado que los muertos, las vidas perdidas, son una razón de Estado y el compromiso es dar cumplimiento a estas recomendaciones”, afirmó a su turno el ministro de Justicia, Iván Lima.

La autoridad enfatizó que no se debe utilizar el sufrimiento de las víctimas con carácter político, razón por la que exigió el “máximo respeto” de todas las instancias del Estado. Confirmó que existe el compromiso de un fideicomiso para reparar el daño que sufrieron.  

“Se requiere una profunda transformación de la justicia boliviana, pero que también haya un compromiso de todos los políticos, y este es un llamado al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y al jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, para que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas”, remarcó, para que la Asamblea Legislativa no ponga trabas en la investigación y sanción contra los responsables.  

Finalmente, el canciller, Rogelio Mayta, recordó que durante el proceso electoral de 2020 una de las propuestas del MAS fue “generar el escenario, las condiciones, para que pueda hacerse justicia por los tristes y lamentables hechos que nos tocó vivir a finales de 2019”. Exhortó a que exista legitimidad y transparencia durante el proceso, sin que se transgredan los derechos de quienes, en su momento, “fungieron como verdugos”.

Fuente: El Deber

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