
El Estado Plurinacional de Bolivia suscribió el Estatuto de Roma el 17 de junio de 1998 y elevó el mismo a rango de ley el 24 de mayo de 2002; por tanto, asumió el compromiso de cumplir y acatar las determinaciones, fallos y decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI).
El Gobierno nacional recibe bajo esos términos y acoge como vinculante y de cumplimiento obligatorio la decisión del fiscal de la CPI, Karim A. A. Khan QC, quien determinó con la autoridad que le otorga el Estatuto de Roma, que “no existe fundamento suficiente” para procesar en ese alto tribunal al expresidente constitucional de Bolivia, Evo Morales Ayma.
La fiscalía de la CPI ha determinado que “la presunta conducta” atribuida al exmandatario “no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad” por los bloqueos protagonizados por la población como actos de resistencia y protesta en contra del gobierno de facto.
El gobierno asume el carácter conclusivo de la decisión del fiscal de la CPI y acatará los alcances del mismo en coherencia con su pleno respeto a la independencia judicial de tribunales nacionales e internacionales.
Fuente: MinJusticia
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