El Gobierno nacional dispuso este miércoles suspender el requisito del carnet de vacunación hasta que finalice la emergencia sanitaria en esta cuarta ola de contagios con Covid-19, luego, nuevamente se solicitará el documento, aunque no en todos los casos.
Jeyson Auza, ministro de Salud, dio a conocer que el certificado no será requerido en servicios de salud, farmacias, inscripciones en el ámbito educativo, transporte interprovincial, mercados, trámites de identificación y servicios policiales, acceso a la justicia, atención a entidades financieras y reclutamiento para el servicio militar y premilitar.
“El Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, en uso de sus facultades, resuelve, primero, se determina la suspensión de la presentación del carnet de vacunación o prueba PCR mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria”, comunicó.
Consideró que actualmente no existe ningún motivo para que grupos antivacunas continúen con sus protestas y explicó que la emergencia sanitaria seguirá vigente según la evaluación del comportamiento de la pandemia, por lo que no existe una fecha para que se levante esa declaratoria.
La conferencia:
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Los datos del Ministerio de Salud indican que antes del decreto supremo había una vacunación, promedio, de 34.372 dosis por día, pero después de la medida, la cobertura subió a 89.555 inyectables, un incremento del 160.5 por ciento.
“Era necesario implementar una medida de impacto que impulse y reflexione a la población sobre la urgencia de asumir acciones para prevenir formas graves de la enfermedad y así evitar que miles de bolivianos terminen en terapia intensiva o que muchas familias pierdan a sus seres queridos”, destacó el titular.
La disposición tercera indica que las instituciones públicas coadyuvarán con la impresión del carnet, a solicitud de la población, y facilitarán su verificación a través de la aplicación o habilitarán otros mecanismos para comprobar su veracidad.
El 27 de enero debía retomarse la exigencia del documento en instituciones públicas y privadas, sin embargo, en pasadas jornadas incrementaron las movilizaciones de los sectores antivacunas, quienes consideran que la norma vulneraba sus derechos fundamentales. Ese hecho ocasionó que el Gobierno nacional asuma la flexibilización, que es considerada un retroceso por otros grupos de la población.
Fuente: El Deber
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