La Defensoría de Pueblo, este martes, sostuvo una reunión con autoridades de un hospital de la ciudad de La Paz para viabilizar la interrupción legal del embarazo de una adolescente de 13 años que fue víctima de violación sexual en el municipio de Caranavi, en el marco de lo que dispone la Sentencia Constitucional 206/2014.
“Conjuntamente la abuela de la niña nos hemos reunido con autoridades de un hospital de la ciudad de La Paz, con quien se quedó que a través de trabajo social se efectuará las gestiones para una valoración ginecológica, se confirme el tiempo de gestación que sería de 24 semanas y se disponga la internación de la menor para proceder con la ILE en un plazo de 24 horas”, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Este caso fue atendido por la oficina de la institución defensorial en Caranavi, que hizo seguimiento a la denuncia presentada por la abuela de víctima, V.E.G.M, el 6 de enero de este año en la Jefatura de Policía, contra su yerno V.E.C., de 40 años, como el supuesto autor de la agresión sexual.
Asimismo, verificó las acciones de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Caranavi, que el mismo día realizó la valoración psicológica a la niña y mediante memorial formalizó la denuncia penal ante el Ministerio Publico.
El 7 de enero, en la audiencia cautelar del presunto violador, el Ministerio Público, presentó la imputación contra el acusado de violación y el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Penal 1° de Caranavi determinó la detención preventiva en el penal de Chonchocoro en la ciudad de La Paz.
En las últimas tres gestiones, 2019, 2020 y 2021, se realizaron 261 interrupciones legales del embarazo, de las cuales 164 (63 %) fueron a mujeres menores de 18 años. Según datos de IPAS Bolivia, de estos 261 casos, 177 (68%) fueron por denuncia de violación sexual, la mayoría fueron en Santa Cruz y La Paz.
La Defensoría del Pueblo, en esos tres periodos, recibió y atendió 70 casos relacionados a la interrupción legal del embarazo, en lo que intervino para viabilizar este procedimiento en el marco de lo que dispone la Sentencia Constitucional 206/2014.
Fuente: Defensoría del Pueblo
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