Las cinco claves para entender la realidad que oculta el aumento salarial 

Por: M.Sc. Dipl. Willy Marcos Chipana Mamani

Periodista- Docente universitario

Según el empresario estadounidense Nathan W. Morris: “Cada vez que pides prestado dinero, estas robando dinero a tu futuro”. Estas palabras se relacionan a la situación de la mayoría de los bolivianos cuando llegan a fin de mes y deben solicitar un préstamo al vecino o familiar para cubrir sus necesidades.  

Esta situación se debe a que los ingresos que percibe la población no son suficientes por varias causas, pero en el caso del aumento salarial que se determina cada 1 de mayo, se deben realizar varias consideraciones para establecer el fondo del problema.  

Primero. El incremento salarial que acuerden los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno de Luis Arce Catacora, no beneficiará a la mayoría de los trabajadores porque según datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo hasta enero de 2025 están asegurados en el Sistema Integral de Pensiones (SIP) 2.736.602 trabajadores, lo cual representa el 31% con relación a la población económica activa (PEA). Las cifras muestran que de cada 10 trabajadores sólo tres aportan para su jubilación, tienen beneficios laborales y podrían beneficiarse del aumento salarial porque tendrían una relación de dependencia laboral.

Empero, seis trabajadores estarían al margen del beneficio, lo cual coincide con las declaraciones hechas por el investigador Bruno Rojas, quien manifestó que sólo dos de 10 empleados recibirán el aumento salarial. Este hecho se sustenta en que una buena parte de los trabajadores están en el sector informal o son consultores que desempeñan sus actividades en condiciones precarias.

Segundo. La consolidación del mercado negro o paralelo del dólar se convirtió en una espada de Damocles para la población de a pie porque se registró de “facto” la devaluación de la moneda nacional o su pérdida de valor adquisitivo. Antes de la escasez de la divisa estadounidense cada $us 100 valía Bs 696, pero ahora $us 100 equivale al menos Bs 1.200, es decir, se registró una devaluación del 50%.

Es menester que las partes interesadas en la discusión sobre el aumento salarial realicen la compra de alimentos e insumos que requiere una familia con Bs 100 y estimen si podrá atender sus necesidades mínimas con dicho monto. Una negociación de memoria, sin datos económicos ni argumentos refleja la improvisación.

Si bien la inflación en 2024 alcanzó el 9.9%, el plantear un aumento salarial del 10 o el 20% no garantiza que cubrirá las necesidades de los trabajadores y de sus familias porque sólo es una reposición del salario. Para este cometido es necesario la realización de un estudio socioeconómico que permita conocer cuánto de dinero necesita al mes una familia promedio de cuatro personas.      

El planteamiento realizado por dirigentes sindicales o empresarios hasta el momento no cuentan con argumentos socioeconómicos fundamentados, a pesar que en la economía informal (80%) no se cumple el pago del salario mínimo nacional (SMN) ni las ocho horas de trabajo. El año anterior, el gobierno estableció por Decreto Supremo (DS) 5154 el alza del SMN del 5,85% y 3% al haber básico.         

Tercero. En la línea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los estados que están adscritos a dicha instancia deberían acordar el aumento salarial con la participación de los trabajadores, gobierno y la patronal; sin embargo, ello no ocurrió hasta el momento. Por la actual situación económica muchas unidades productivas no estarán en la capacidad de otorgar aumentos salariales a sus trabajadores, así se establezca el 10 o 20%.

El Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce los tratados y convenios internacionales, lo cual obliga a la gestión de Arce cumplir con dicha disposición, el incumplimiento puede ser causal de una sanción por el control convencional. La actual coyuntura de crisis económica, debería obligar a las partes a actuar con sensatez con relación al tema porque la obligación de un alza salarial en determinados sectores productivo podría alentar al cierre de unidades productivas, pasar al sector informal, despedir trabajadores y el aumento de precios de los bienes y servicios.  

Cuarto. Las partes que definan el aumento salarial deben tomar una decisión sobre qué harán con los trabajadores que no se beneficiarán del aumento salarial y que están en el sector informal o que realizan actividades de consultoría. Es muy fácil señalar que los empleadores deben cumplir el alza salarial o de emitir un DS cuando en los hechos no se lo cumple ni la Ley General del Trabajo (LGT).

La economía del país en un 80% es informal y las relaciones de trabajo no están al margen de dicha realidad, donde los salarios fluctúan entre Bs 1.000 y Bs 1.500 al mes por 12 o 15 horas de trabajo de lunes a domingo. Entonces surge la pregunta: ¿Cómo o través de qué mecanismos se beneficiarán los trabajadores del sector informal con el pago del SMN?   

Quinto. Realizar sugerencias a un gobierno que está de salida y que se aferra a un modelo económico caduco es como buscar el cambio de actitud de un insensato; sin embargo, sólo queda proponer a los próximos inquilinos de la Casa Grande lo siguiente:  

Es necesario el cambio del modelo económico por uno que sea productivo, el cual no sólo genere empleos seguros y con salarios dignos, sino que aumente la oferta de valor agregado con la aplicación de tecnología en todos los sectores de la economía como el agropecuario. En la medida que aumente la productividad se incrementa la demanda de trabajadores y mejora los niveles de vida de ellos y de sus familias.    

La diversificación del aparato productivo sólo será posible con la participación del sector privado nacional y extranjero, la implementación de los incentivos tributarios a los empleadores para la generación de empleos permitirá reactivar la demanda y la oferta de mano de obra calificada y no calificada. Es necesario que las políticas que se apliquen con el nuevo modelo no sólo sean económicas, sino también sociales. 

La atracción de inversión externa, a través de la promulgación de una nueva ley de inversiones que tenga como uno de los objetivos la creación de empleo directo y seguro debe ser la prioridad. A su vez, la elaboración de una política de estado en el ámbito laboral con todos los actores económicos que aborde los temas del aumento salarial, la creación de empleo, el subempleo y la informalidad.