
Santa Cruz, 28 de junio de 2026.- Un informe de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia, de fecha 15 de noviembre de 2019, revela que el «Centro Deportivo Policial del Departamento de Santa Cruz» fue proyectado y construido para la Policía Boliviana sobre un terreno que, según la denuncia y los antecedentes judiciales, permanecía avasallado y ocupado ilegalmente por la propia institución del «Verde Olivo».
El documento oficial, elaborado durante el gobierno de Evo Morales, concluye que la Policía «no tiene el derecho propietario debidamente saneado» y advierte serias inconsistencias en la documentación presentada para respaldar el proyecto, entre ellas matrículas inmobiliarias que no correspondían a la ubicación real del inmueble y observaciones sobre la forma de adquisición y la superficie declarada del predio.
El abogado de la propietaria afectada de 82 años, Ramiro Aguilera, informó que toda la documentación será remitida al senador Branko Marinkovic para que sea incorporada como prueba en un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales. A su criterio, el Estado destinó recursos públicos para ejecutar una obra en un terreno cuya situación jurídica ya estaba observada por la propia UPRE.
Según Aguilera, el proyecto tenía un presupuesto de seis millones de bolivianos y, de manera extraoficial, se conoce que se ejecutaron aproximadamente dos millones de bolivianos. Añadió que esos recursos fueron debitados a la Policía Boliviana y que ninguna autoridad policial asumió responsabilidad por haber firmado contratos para construir infraestructura sobre un predio cuya ocupación era objeto de procesos judiciales.
La investigación de la UPRE fue remitida al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, y al excomandante general de la Policía, Rodolfo Antonio Montero Terceros, luego de verificar, junto con autoridades policiales y mediante un deslinde técnico realizado por el agrimensor Sabino Mendoza, que parte del polideportivo se levantaba sobre un área en disputa. El informe señala expresamente que «existe inconsistencia como el número de folio real presentado por la UPRE y el informe jurídico de forma de adquisición, y la superficie del total de metros cuadrados correspondiente al beneficiario».
A estas observaciones se suman informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que establecen que no existe registro de título ejecutorial a favor de la Alcaldía Municipal de La Guardia ni de Braulio Soto Moreno, persona cuyos documentos fueron utilizados por la Policía para sustentar su posesión. Otro informe del INRA ratificó que tampoco existe título ejecutorial para el predio denominado «El Algarrobal», ubicado en el cantón La Guardia.
La defensa también cuestiona que la Policía haya presentado un testimonio notariado de 1884 como respaldo de su posesión, mientras que el Folio Real vigente acredita que el inmueble no se encuentra registrado a nombre de la institución policial. Para la parte denunciante, estos antecedentes evidencian que la ocupación del predio carecía de sustento legal al momento en que se ejecutó el proyecto deportivo.
Aguilera sostuvo que las unidades de transparencia y la Fiscalía Policial deberían investigar tanto la utilización de recursos públicos en una obra construida sobre un terreno observado como la actuación de los mandos policiales que autorizaron el proyecto y de quienes, hasta la fecha, continúan incumpliendo las órdenes judiciales de desapoderamiento emitidas dentro del caso «Villa Praga».
La propietaria colindante, Teresa Triviño Bazán de 82 años, afirmó que, pese a las resoluciones judiciales que reconocen su derecho propietario y ordenan la restitución del inmueble, la Policía continúa ocupando el predio y recurriendo a recursos dilatorios para impedir su devolución. «No solo avasallaron mi propiedad; también construyeron, con recursos del Estado, sobre un terreno cuya irregularidad fue advertida por el propio Estado», sostuvo a través de su defensa.

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