
La Paz, 14 de marzo de 2025.- Ante las denuncias de torturas a soldados en Beni, la senadora Claudia Égüez ha presentado una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministro de Defensa, solicitando explicaciones sobre las políticas preventivas aplicadas en las Fuerzas Armadas para evitar abusos que, en algunos casos, han resultado en la muerte de cadetes, soldados y personal militar.
La noche del pasado 4 de febrero de 2025, en el Regimiento Militar en la comunidad de Casarabe del municipio de Trinidad, Beni, el comandante de la unidad militar “Lino Echavarría” había pedido a uno de los soldados llevar un palo de tacuara y con eso empezó a golpearlo y lo hizo desnudar, luego agarró un cable y también golpeó a otros soldados.
Ante este grave antecedente, la senadora Égüez incluyó en su PIE 11 consultas, entre ellas: Informe qué medidas se vienen adoptando para garantizar la protección de los conscriptos y personal militar en general en los recintos militares, además de sancionar a los responsables de estas prácticas nocivas y contrarias a la protección de la dignidad de soldados bajo su custodia.
Asimismo, si en las Unidades Militares de Bolivia se toma en cuenta la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indica, que cuando: “se presta el servicio militar, esto conlleva una restricción o limitación a los derechos y libertades de los reclutas generando con ello no propiamente una privación de libertad, pero una situación en la que el Estado es el garante y custodio de los individuos sometidos a ese régimen”.
Y en caso de que ocurra algún hecho de malos tratos o tortura en instalaciones militares, el Estado tiene la obligación de investigar, misma que debe ser asumida como “un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de interés particulares, que depende de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”.
En ese marco, la última consulta del PIE señala: si existen políticas preventivas en las Fuerzas Armadas para evitar que hechos como los denunciados se repitan en los cuarteles y recintos militares del país, que vienen siendo recurrentes, cobrando vidas o por lo menos menoscabando la integridad y salud de cadetes, soldados y personal militar en general.
La legisladora enfatizó que, en el ejercicio de su rol de fiscalización, espera que el ministro de Defensa responda a las consultas dentro del plazo establecido por norma, permitiendo así que se continúen tomando acciones en defensa de los conscriptos y del respeto a los derechos humanos en el ámbito militar.

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