
En un operativo que expone una red de tráfico de materiales tóxicos, el teniente Carlos Trump Molina, identificado como hombre de extrema confianza del Comandante General del Ejército, Gral. Héctor Alejandro Alarcón Antezana, fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.
El comandante de la Policía de la zona Sur, coronel Miguel Zambrana, informó a la Red Unitel que el oficial fue aprehendido junto a un civil tras el secuestro de 348 frascos de mercurio en operativos ejecutados en Irpavi y la ciudad de El Alto.
El coronel Zambrana explicó que ambos implicados deberán cumplir tres meses de detención preventiva mientras son investigados por delitos contra la salud pública.
«El mercurio es un elemento regulado por normativa; su comercialización ilegal pone en riesgo a la población y al medio ambiente», señaló el jefe policial, al agregar que el metal estaría destinado a operaciones mineras clandestinas que contaminan los ríos del norte paceño.
Pese a la gravedad de los cargos y a su reclusión formal, fuentes de alta credibilidad dentro de las Fuerzas Armadas revelaron que el teniente Trump Molina estaría recibiendo un trato privilegiado por disposición directa del Gral. Alarcón. El oficial detenido se habría beneficiado de una vivienda dentro de las instalaciones de la Dirección General de Bienestar Social del Ejército (DIGBE), para hacer figurar que tiene domicilio legal ante la justicia.
A este controversial proceder se suma una presunta maniobra para blindar legalmente al subalterno. Fuentes militares denunciaron que, por órdenes del Comandante General del Ejército, el Departamento I (Personal) de la institución castrense estaría emitiendo certificados de trabajo a nombre del teniente Trump Molina. Estos documentos buscarían simular una relación laboral activa con el objetivo de presentarlos como avales en el proceso judicial, configurando un presunto entramado de protección hacia el implicado.
El reporte policial inicial establece que el operativo se ejecutó tras detectarse que este tipo de compuestos químicos provocan graves daños ambientales, especialmente en los ríos del norte de La Paz, donde la minería ilegal hace estragos.
La vinculación directa del teniente Trump Molina con la cúpula militar y las presuntas órdenes del Gral. Alarcón para otorgarle privilegios penitenciarios y certificaciones laborales falsas exponen una preocupante red de influencias que pone en entredicho la lucha contra delitos ambientales y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

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