
Los prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia volvieron a asestar un durísimo golpe a la institucionalidad del país con una determinación que prácticamente hace inviable la realización de las elecciones judiciales postergadas por el Tribunal Supremo Electoral para el 15 de diciembre.
Con un fallo en etapa de revisión de arbitrarias sentencias constitucionales en Pando y Beni, el alto tribunal de justicia constitucional se puso por encima de los órganos Legislativo y Electoral disponiendo declarar desierta las convocatorias a elecciones de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia en dos departamentos y al Tribunal Constitucional en cinco regiones.
La resolución del TCP promovida por los prorrogados Iván Espada y Gonzalo Hurtado declara desiertas las convocatorias para elección popular magistrados del TSJ en los departamentos de Pando y Beni, y para magistrados del TCP en las regiones de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Pando y Beni.
Con esa sentencia, se podrían realizar elecciones a magistrados a esos altos tribunales en siete departamentos, en el caso del TSJ, y en cuatro, en lo que se refiere al TCP. Además se podrán elegir magistrados en los nueve departamentos para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el que se haya anulado las elecciones en parte generará que el resto quede inviabilizado, ya que el electoral tendrá tal confusión que intentará ser resuelta con la amenaza de que quienes no voten no podrán realizar trámites en instituciones estatales y no no podrán realizar operaciones bancarias.
El mazazo del TCP se conoce un día antes del cuarto informe de gestión del presidente Luis Arce, luego de los bloqueos carreteros del evismo y a poco más de un mes en que los bolivianos deberán volver a las urnas para elegir a ciertos magistrados de tales tribunales, todo un enredo.
El fallo, firmado por Espada y Hurtado, argumenta que en las listas de postulantes habilitados para la votación se incumplieron aspectos como la equidad de género y la autoidentificación indígena.
Su sentencia ordena que se emita nueva convocatoria para los tribunales nacionales declarados desiertos, retrotayendo el proceso a la fase de selección en la Comisión Mixta de Constitución.
El Órgano Electoral ya invirtió recursos públicos por más de 50 millones de bolivianos en las actividades e insumos para los comicios que ahora quedan en vilo.
Fuente: Datápolis

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