
El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó sobre la conformación de la “Comisión de Fiscales para Crisis y Contingencias”, con el objetivo de atender los casos que se generen a raíz de los bloqueos y sus consecuencias, como agresiones, deterioro de bienes del Estado y atentados contra la vida.
“Con el funcionamiento de esta Comisión se evitará la retardación de justicia y la pérdida de elementos probatorios; además, se activarán alertas tempranas y se fortalecerán las unidades especializadas, priorizando la protección inmediata de las víctimas. La Comisión se activará ante bloqueos prolongados, conflictos sociales violentos, desastres naturales, crisis institucionales, hechos con múltiples víctimas, riesgo de feminicidios o violencia masiva, ataques a servicios esenciales o alteraciones graves del orden público”, explicó la autoridad fiscal.

La instancia está conformada por fiscales de la Unidad de Análisis, de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, de la Unidad Anticorrupción, de la Unidad Especializada en Razón de Género y Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, además de la Unidad de Integridad y la Unidad de Protección a Víctimas.
Las acciones de esta comisión permitirán garantizar la continuidad del servicio fiscal en situaciones de crisis, contingencia o emergencia; proteger los derechos fundamentales de víctimas, testigos e investigados; uniformar criterios en las actuaciones fiscales y optimizar la coordinación interinstitucional.

En el inicio de sus operaciones, la Comisión aperturó casos de oficio contra los autores del ultraje a los símbolos patrios, por la quema de la Wiphala, la destrucción de bienes del Tribunal Departamental de Justicia, además de daños a edificios y robos, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables de estos hechos delictivos.
Asimismo, el Fiscal Departamental enfatizó que las movilizaciones constituyen un derecho constitucional; sin embargo, advirtió que no se permitirá que personas ajenas a estas realicen destrozos, agresiones o afectaciones a bienes del Estado. En esos casos, el Ministerio Público aplicará las leyes vigentes.

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