
El ministro de Defensa afirmó que el derecho a la protesta está garantizado durante el estado de excepción y señaló que, ante eventuales bloqueos, se priorizará el diálogo y se actuará conforme a la ley para proteger a la población.
*La Paz, 9 de octubre de 2026.*– Ante la convocatoria a movilizaciones a partir del 13 de octubre por parte de sectores afines a Evo Morales, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que las marchas, reuniones y protestas pacíficas están permitidas durante el estado de excepción, pero recordó que existen restricciones a los bloqueos de carreteras y a las acciones que afecten la seguridad de la población y la infraestructura esencial.
La autoridad remarcó que el derecho a protestar debe ejercerse respetando también los derechos de los demás ciudadanos, particularmente la libre circulación y el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.
“Todos los bolivianos tenemos derecho a protestar. Lo que no tenemos derecho es a bloquear y lastimar a otros bolivianos en su economía, en los bloqueos, en no permitir el tránsito de alimentos, de medicamentos”, manifestó.
Justiniano señaló que, de acuerdo con la información disponible, los sectores que convocaron a las movilizaciones no tendrían previsto realizar bloqueos. Sin embargo, aclaró que, si estos llegaran a producirse, las autoridades actuarán en el marco de las disposiciones legales vigentes.
“Siempre intentando con el diálogo primero de buscar una solución”, sostuvo el ministro, al explicar que, si no fuera posible alcanzar acuerdos y se produjeran acciones que afecten los derechos de la población, se adoptarán las medidas de seguridad que correspondan, dentro de la ley.
Asimismo, recordó que el estado de excepción no elimina el derecho a la protesta pacífica y que cualquier intervención de la fuerza pública debe realizarse respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El ministro reiteró que el objetivo del Gobierno es prevenir conflictos, preservar la seguridad y garantizar que las diferencias políticas y sociales puedan expresarse sin perjudicar a otros bolivianos.
“El derecho a protestar debe respetarse, pero también el derecho de los demás ciudadanos a trabajar, circular y desarrollar sus actividades con normalidad”, concluyó.

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