
La Paz, 9 de octubre de 2026
Ante los 66 feminicidios registrados en el país, la viceministra Jéssica Echeverría destacó el compromiso del Gobierno del presidente Rodrigo Paz de fortalecer la prevención y garantizar atención integral a niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres por estos crímenes.
Bolivia enfrenta una alarmante realidad: 66 mujeres fueron víctimas de feminicidio en lo que va del año, según informó la viceministra de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, Jéssica Echeverría. La Paz concentra la mayor cantidad de casos, una situación que evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y respuesta institucional.
Detrás de estas cifras hay familias devastadas y niñas, niños y adolescentes que enfrentan las consecuencias de una violencia que no solo arrebata vidas, sino que también deja profundas secuelas sociales. Frente a este escenario, el Gobierno nacional busca traducir sus compromisos en acciones concretas para combatir la violencia de género y atender a quienes han quedado en situación de vulnerabilidad.
Durante un encuentro con promotoras comunitarias, Echeverría presentó las acciones que el Viceministerio ejecutará para enfrentar esta problemática y destacó la importancia de articular esfuerzos institucionales y comunitarios. La propuesta fue expuesta ante el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, como parte de la respuesta gubernamental frente a los feminicidios.
“El Estado no mira hacia un lado”, afirmó la autoridad, al destacar el compromiso del presidente Rodrigo Paz de garantizar protección y atención integral a las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio. En esa línea, la reglamentación de la Ley 1680 constituye un avance para garantizar atención, protección y reparación a quienes perdieron a sus madres como consecuencia de estos delitos. Echeverría informó que, durante 2026, el Viceministerio identificó a 44 potenciales beneficiarios de estas medidas.
El desafío ahora es convertir estos instrumentos en resultados concretos. La lucha contra los feminicidios exige instituciones capaces de actuar a tiempo, mecanismos de protección efectivos y una justicia que responda con firmeza.
Más allá de las cifras, el objetivo es claro: que ninguna mujer pierda la vida por falta de protección y que ninguna niña, niño o adolescente quede desamparado ante las consecuencias de la violencia feminicida.


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