En el bastión del MAS, en 2019 volaron ducto que dio compensación a cocaleros

En noviembre de 2019, en el gobierno de transición, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Transporte reportó una explosión en el Gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC), territorio que es bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS) y era bloqueado por sus organizaciones sociales. Hace unos días, cocaleros del trópico recibieron una compensación millonaria por la instalación de esos ductos.

El 13 de noviembre el entonces gerente general del YPFB-Transporte, Wilson Zelaya, informó de una “caída súbita” de presión en gasoducto de abastece de gas a Cochabamba, Oruro y La Paz.

El 16 del mismo mes, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que fueron dañados 260 metros de tubería, en una “acción terrorista” que incluyó explosivos.

Este hecho aconteció en las regiones de Villa Tunari y Cristal Mayu, las cuales eran bloqueadas por grupos del MAS que pedían que el exmandatario Evo Morales retorne a terminar su mandato, tras renunciar el 10 de noviembre y salir del país para asilarse en México.

El 25 de noviembre, la gestión transitoria anunció que se llegó a un acuerdo con las organizaciones masistas para que levanten el cierre de vías y la maquinaria pueda ingresar para iniciar la reparación de los ductos.

“Después de lograr acuerdos con las Seis Federaciones de Cocaleros, en las próximas horas se procederá a la reparación del Gasoducto Carrasco. Se preparan cuadrillas de YPFB en Cochabamba para ingresar a la zona”, informó el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo.

El costo de la reparación fue 426 mil dólares y demoró siete días. Entre tanto, las industrias de La Paz, Cochabamba y Oruro, según Zamora, reportaron una pérdida de 72 millones de dórales por el desabastecimiento de gas que afectó su producción.

El 30 de diciembre de 2021, el expresidente Evo Morales anunció en un acto público que las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba recibieron una compensación de más de un millón de dólares por el tendido del Gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC). “A nuestra cuenta bancaria nos han transferido más de cinco millones de bolivianos”, afirmó el exmandatario.

YPFB-Transporte, mediante un comunicado, confirmó el pago.

“En cumplimiento al artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), YPFB Transporte S.A. compensa por impactos socio-ambientales, derivados de la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba (2008) a la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, en representación de las comunidades campesinas”, detalla el documento.

Versiones

Página Siete se contactó con una fuente del gobierno transitorio, que pidió proteger su idendidad. Sobre el tema dijo que en la explosión del GCC estuvieron involucrados grupos que respaldan al partido oficialista, mediante una acción que fue organizada con premeditación.

“Se tenía indicios de una acción planificada, con gente del MAS de por medio”, indicó.

El exdiputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral, quien en ese entonces era miembro de la comisión especial para investigar los hechos de 2019, indicó que el atentado a los gasoductos fue planificado.

También apuntó a los simpatizantes Movimiento Al Socialismo como los que participaron en el daño al ducto de gas.

“Les están pagando ahora por hacer volar ese gasoducto, el mismo gasoducto por el cual reciben la compensación. Si tuvieran un mínimo de decencia devolverían el dinero que costó la reparación de los gasoductos, porque lo han hecho explotar los cocaleros. No se olvide que ellos bloqueaban Villa Tunari y que hay el video en el que Evo Morales ordenó a Faustino Yucra cercar ciudades y organizar bloqueos”, manifestó Barral.

El jefe de bancada de diputados del partido oficialista, Gualberto Arispe, señaló que sectores de su partido que habitan en el trópico de Cochabamba sólo llevaron a cabo bloqueos. Según su versión, en noviembre de 2019 no existió ningún atentado ni daño al Gasoducto Carrasco-Cochabamba, por el cual ahora los cocaleros reciben la millonaria compensación de la estatal.

“No conozco información, hermano, si me habla (de que hubo una explosión) en el trayecto del trópico es negativo, eso no ha ocurrido. Yo he estado en persona ahí, hermano, y no podemos decir eso, para nada (se dañó) el gasoducto”, aseveró.

En noviembre de 2019, imágenes de diferentes medios de comunicación y que circularon en las redes sociales dieron cuenta de los daños que sufrieron las tuberías del gasoducto.

Cuando se llegó a un acuerdo, luego de la negociación, también fue expuesto públicamente el momento en que ingresó la maquinaria para cumplir con las reparaciones, con el acompañamiento de efectivos militares para custodiar la zona.

El papel de Evo Morales

El proceso para la compensación por la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba se inició en 2008.

En esa gestión, el jefe del partido oficialista ocupaba el cargo de presidente del Estado y también de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

El 30 de diciembre de 2021, Morales reconoció que cometió un error al no insistir en que la asociación sindical cocalera saque su personería jurídica, la cual recibió hace poco.

A partir de ese trámite el sector pudo abrir una cuenta bancaria para que le depositen el dinero de la compensación por la instalación de los ductos, que pasan por territorio cocalero.

“Recordé (que) el 2008 más o menos (insistí en) acelerar sacar la personería jurídica, claro dirigentes cambian, cambian, yo también me he descuidado, no he hecho seguimiento. Recién sacamos un personería jurídica y ahora tenemos una cuenta bancaria, que era necesario por esa compensación colectiva”, aseguró Morales al dirigirse a los cocaleros de las federaciones.

El artículo 236, parágrafo II, de la Constitución Política del Estado (CPE)  establece que un funcionario público no debe “actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde presta sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona”.

El apartado 10 del Estatuto del  Funcionario Público además precisa: “Los servidores públicos no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámites, licencias, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de cualquier índole, con las entidades de la Administración Pública”.

¿Qué dice la Ley 3058?

Para la compensación a las seis federaciones del trópico, los interesados se ampararon en la Ley 3058 de Hidrocarburos.

La norma especifica que debe haber una compensación en tierras comunales y campesinas si las actividades hidrocarburíferas producen un impacto socioambiental en la zona.

“Cuando las actividades hidrocarburíferas se desarrollen en tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas, tituladas o no, todo impacto socioambiental negativo directo, acumulado y a largo plazo que las mismas produzcan, debe ser compensado financieramente por parte de los titulares de las actividades hidrocarburíferas, de manera justa, respetando la territorialidad, los usos y costumbres de los afectados, tomando como base el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y otros medios que permitan valorar los daños no cuantificables”, detalla el artículo 119 de la normativa.

Las instancias que deben precautelar por el resarcimiento a las comunidades son cuatro que pertenecen  al Órgano Ejecutivo, entre las cuales está el Ministerio de Hidrocarburos.

El dinero debe ser desembolsado en un lapso no mayor a los 15 días después de llegar a un acuerdo sobre el monto compensatorio entre las partes.

En el capítulo de la normativa que hace referencia a la compensación e indemnización, no se establece el pago por daños socioambientales por proyectos hidrocarburíferos dirigido a entidades sindicales como son las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

El marco de la aplicación del precepto para este fin son “tierras comunitarias de origen, comunales, indígenas o campesinas”, detalla el documento.$us 1,6 MILLONES es el monto de compensación que recibieron las seis federaciones del trópico.PUNTO DE VISTA Hugo del Granado, experto en hidrocarburos.“Compensación es irregular”Hay irregularidades en el procedimiento de la compensación a la federación de los cocaleros. Para que una empresa empiece a ejecutar la construcción de un gasoducto primero debe haber recabado los derechos de paso.

Después, si consigue estos permisos, al terminar la obra tiene que haber presentado los documentos de remediación de daño ambiental a las comunidades con las que tendría problemas de tipo ambiental.

Llama la atención que tantos años después exista una compensación, porque entiendo que no hicieron los procesos en los tiempos determinados por ley. Entonces es difícil de entender que hayan solicitado la compensación y se le haya pagado mucho tiempo después.

Hicieron el resarcimiento económico a un sindicato, y debieron demostrar que son dueños del territorio por el que pasan los ductos, pero no como sindicato, y eso es lo que debe ser investigado.

Otro punto es que Evo Morales fungía como presidente del país  y también de las  federaciones del trópico. Eso es duplicidad y debió acudirse a la incompatibilidad de funciones. Quienes estaban en el poder político ahora son beneficiarios.

Esto debe ser investigado y lo debe hacer una institución que goce de prestigio y de no estar sesgada por los intereses políticos.

Fuente: Página Siete

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