
Por Jaime Loayza Zegarra
La Paz, 29 de abril de 2026 – Un preocupante informe de fuentes judiciales y organismos de control revela que el narcotráfico en Bolivia ha alcanzado niveles de expansión nunca vistos, con un crecimiento sostenido de cultivos ilegales de coca GM, rutas de exportación y violencia asociada. Lo más alarmante no es solo la cantidad de droga incautada o la frecuencia de narcoavionetas abatidas, sino la creciente evidencia de que el crimen organizado ha logrado infiltrar mandos medios y altos de la Policía Boliviana, generando una crisis de legitimidad en la principal institución encargada de combatirlo. Tan solo el pasado 25 de abril, siete efectivos policiales fueron aprehendidos en el marco de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas, tras un operativo de control interno realizado dentro de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), lo que confirma la penetración del delito en las propias filas institucionales.
Los casos de sicariato se han vuelto una constante en el país desde hace varios años, con ejecuciones por encargo que antes eran esporádicas y hoy ocurren semanalmente en ciudades como Santa Cruz, El Alto y Cochabamba. Las últimas semanas han sido particularmente sangrientas: en el departamento de Santa Cruz, tres hombres fueron ejecutados en un solo fin de semana en los municipios de Warnes, San Matías y Puerto Quijarro, todos durante eventos públicos y con armas de fuego. Entre las víctimas figura el piloto de rally José Pedro Rojas, de 29 años, acribillado de seis disparos mientras participaba en una competencia automovilística.
Según las autoridades, la víctima estaba vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y oficiaba como su piloto. Los otros dos hechos incluyen el asesinato a tiros de Douglas Queiroz Ramos mientras presenciaba un campeonato de fútbol en San Matías, y el acribillamiento de un ciudadano brasileño en un restaurante de Puerto Quijarro, donde su acompañante resultó herida, en lo que la Fiscalía atribuye a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.
La violencia relacionada con el crimen organizado también ha alcanzado a figuras del hampa. El 24 de abril, la Policía capturó a cuatro presuntos sicarios —tres ciudadanos brasileños y un boliviano— implicados en el asesinato de José Ángel Castañeta Montaño, alias “Cara de Bebé”, en Santa Cruz. Durante los allanamientos se incautaron fusiles, pistolas calibre 9 milímetros y una pistola Glock con 36 proyectiles.
Las investigaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con el robo de aproximadamente mil kilogramos de cocaína perteneciente a la organización liderada por Marset.
Según el analista en seguridad nacional y coronel de Ejército en servicio pasivo, Jorge Santiestevan, esta ola de ejecuciones responde a una lucha interna por ocupar el sitial de poder dejado por Marset tras su captura en marzo pasado, con organizaciones criminales “muy bien enraizadas” que han infiltrado todas las instituciones y actúan con impunidad.
Las confiscaciones frecuentes de narcoavionetas —pequeñas aeronaves cargadas con clorhidrato de cocaína que sobrevuelan el oriente boliviano con destino a países vecinos— se han multiplicado, aunque los decomisos representan apenas una fracción de los vuelos ilegales.
El 21 de abril, en el marco de seis operativos ejecutados en el Trópico de Cochabamba, las autoridades incautaron un total de 1.170 kilos de droga —entre cocaína y marihuana— con una afectación económica estimada de 2,6 millones de dólares.
El operativo más relevante tuvo lugar en el TIPNIS, donde efectivos de la FELCN intervinieron una pista clandestina custodiada por al menos ocho personas armadas que abrieron fuego contra los policías, lográndose la incautación de 540 kilos de cocaína y una avioneta, además de la aprehensión de un piloto brasileño y un colombiano. En otra acción simultánea en Chimoré, fue incautada otra avioneta con matrícula brasileña y 17 paquetes de cocaína.
Frente a este escenario de violencia creciente e infiltración institucional, expertos y autoridades eclesiásticas han alzado la voz. La Conferencia Episcopal Boliviana expresó su preocupación por los “ajustes de cuentas y la aparición de carteles organizados” que golpean al país, y el obispo Eugenio Coter advirtió que “casi semanalmente” se registran este tipo de crímenes, lo que demuestra que “el narcotráfico está permeando la vida de la gente”.
Analistas en seguridad ciudadana como el abogado constitucionalista Raúl Rosales señalan que el país enfrenta una amenaza sistémica que requiere no solo más confiscaciones u operativos mediáticos, sino una purga institucional profunda y un control externo independiente sobre las fuerzas del orden.
Mientras tanto, con las disputas violentas resolviéndose a plena luz del día en espacios públicos, el sicariato seguirá cobrando vidas y la confianza ciudadana en la policía continuará deteriorándose, consolidando una espiral de violencia y corrupción de la que el Estado parece no poder escapar.

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