
La escasez de GLP en Bolivia, producto de la crisis energética que vive el país y el contrabando del producto a países limítrofes, ha sido tocado este lunes por el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, quien descartó el incremento del precio a niveles internacionales para frenar el tráfico a otras naciones.
“No existe esa posibilidad. La diferencia sería extremadamente fuerte, ese golpe que se le daría a las familias bolivianas; no está en consideración”, afirmó la autoridad, dejando en claro que el Gobierno mantiene su postura de preservar el precio subvencionado del combustible.
Ante la posición gubernamental, el analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, dijo a Datápolis y Encontrados que la solución a mediano y largo plazo es la modificación de Ley de Hidrocarburos para estimular la exploración de gas natural. En el corto plazo, sostuvo que se debe refocalizar centrando la oferta a sectores que más necesitan el producto y ejercer mejor controles, aunque el alto precio en el extranjero seguirá impulsando el contrabando.
Justiniano explicó que, en lugar de un ajuste en el costo del GLP, se analiza el fortalecimiento de los controles fronterizos mediante herramientas tecnológicas. “Está en consideración el hecho de ver cómo reforzamos a través de la tecnología los controles”, sostuvo, con el objetivo de frenar el contrabando que afecta al mercado interno.
Mientras tanto, en distintos puntos del país persisten las filas de ciudadanos que buscan adquirir garrafas de gas. Ante esta situación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que se reforzó la distribución del producto, aunque advirtió que el contrabando continúa agravando el problema de desabastecimiento.
En países vecinos, el precio del GLP es considerablemente más alto que el costo subvencionado en Bolivia, que se mantiene en Bs 22,50 por garrafa de 10 kilogramos. Según datos del mercado, el valor real del combustible en el ámbito internacional puede oscilar entre Bs 100 y Bs 200, lo que incentiva su salida ilegal del país.
Fuente: Datápolis

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