Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprueba el Proyecto de Ley para Fortalecer el Cumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar

En una sesión celebrada este viernes 21 de marzo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó, en grande y detalle, el Proyecto de Ley para Fortalecer el Cumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, para ser debatido y sometido a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados.

El proyecto fue aprobado tras un proceso de revisión exhaustiva, y subraya la necesidad urgente de garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia boliviana, en conformidad con el principio del interés superior del niño. Durante la deliberación, se destacó la importancia de asegurar el acceso a la salud, educación, alimentación y otras necesidades básicas de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y la Convención de los Derechos del Niño.

La aprobación de esta ley responde a un contexto preocupante, hasta la gestión 2024, existen 45.659 procesos judiciales de asistencia familiar pendientes y en tramitación, reflejando una grave deficiencia en la ejecución de estas obligaciones en el país. Además, Régimen Penitenciario ha reportado que 652 personas están privadas de libertad por el incumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiar, de las cuales 24 son mujeres y 628 son varones.

El Proyecto de Ley, remitido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en 2023, fue socializado con diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil en varias regiones del país durante el año pasado. La propuesta busca fortalecer los mecanismos jurídicos para asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de la asistencia familiar, de conformidad con los artículos 109 y 112 de la Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar. También establece que la asistencia familiar debe ser destinada exclusivamente a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta de las y los beneficiarios.

Entre las disposiciones más destacadas del proyecto, se incluyen restricciones a las personas deudoras de asistencia familiar para acceder a cargos públicos o para la prestación de servicios en el Estado. Asimismo, aquellas personas que deseen contraer matrimonio deberán estar al día con sus obligaciones de asistencia familiar.

Uno de los elementos clave del Proyecto de Ley es la creación del Registro Nacional de Asistencia Familiar (Renaf), en el cual se inscribirán las y  los obligados a la asistencia familiar y las y los deudores de asistencia familiar. En este sentido, antes de realizar cualquier pago, los jueces deberán consultar el Renaf. Si el deudor está registrado, se ordenará la retención del monto correspondiente de la asistencia familiar y su pago directo a las y los beneficiarios.

El proyecto también establece la colaboración de entidades como el Senasir, la Gestora Pública y las Entidades Aseguradoras para verificar si los asegurados o derechoshabientes son deudores de asistencia familiar. En caso afirmativo, se procederá con la retención de los pagos correspondientes y su remisión a las y los beneficiarios de asistencia familiar.

Finalmente, el proyecto de ley faculta a la autoridad judicial para que, una vez aprobada la liquidación de la asistencia familiar, ordene de oficio la adopción de medidas cautelares patrimoniales y la retención de un porcentaje del sueldo o salario de la o el deudor, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la asistencia familiar.

Con esta iniciativa, desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades se promueve un paso fundamental en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa, donde el bienestar de las futuras generaciones es una prioridad para el Estado y la sociedad en su conjunto.