
La Paz, 11 de agosto 2026.- El alcalde de La Paz, César Dockweiler, fue contundente al aclarar que no existe ningún trabajador debidamente contratado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), ya sea del Ejecutivo Municipal o del Concejo Municipal, que tenga salarios pendientes de pago.
La autoridad edil salió al paso de las denuncias de algunas personas que reclaman el pago de supuestos salarios devengados y dejó en claro que el Ejecutivo Municipal no asumirá obligaciones que no le corresponden ni pagará contrataciones realizadas al margen de los procedimientos establecidos por norma.
“No hay ni un solo trabajador del Gobierno Municipal, y entiéndase del Gobierno Municipal de La Paz, Ejecutivo y Concejo Municipal, que no esté recibiendo su salario, ni uno. Todos los que han sido debidamente contratados, cumpliendo el debido proceso, cumpliendo los reglamentos, están recibiendo su remuneración, que es justa”, afirmó Dockweiler.
El Alcalde explicó que las personas que actualmente reclaman el pago de salarios sostienen haber sido contratadas por concejales de oposición que, según denunció, pretenden ejercer atribuciones sin haber cumplido los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios correspondientes.
La mayoría la decidió el pueblo en las urnas, no una juntucha
El Alcalde también denunció una crisis institucional al interior del Concejo Municipal y afirmó que un grupo de concejales pretende atribuirse la condición de mayoría mediante acuerdos internos, desconociendo, a su criterio, el resultado expresado por la ciudadanía en las urnas.
“La Constitución Política del Estado establece que en Bolivia hay una democracia representativa. Cuando nosotros votamos en las urnas, en las urnas se elige la mayoría. No en el Concejo. No es una juntucha la que decide quién es mayoría. No es juntando unos cuantos más para decir ‘ahora somos nosotros la mayoría’”, cuestionó.
Dockweiler señaló que existen sentencias constitucionales que, según explicó, respaldan esta interpretación e instó a los medios de comunicación a consultar al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Electoral Departamental para conocer el alcance de las normas y decisiones electorales relacionadas con la conformación de mayorías y minorías.
La autoridad edil sostuvo además que la actual situación institucional del Concejo Municipal no ha sido resuelta y recordó que existe una resolución constitucional que dispone el retorno de los concejales al Comité ADOC, instrucción que, según denunció, no habría sido cumplida.
“Hay una disposición, una orden, que dice que tienen que volver. Jamás han vuelto. Y si no vuelven, hay incumplimiento de una resolución constitucional”, enfatizó.
Asimismo, el burgomaestre cuestionó la legalidad de las desvinculaciones y nuevas contrataciones efectuadas desde el Concejo Municipal, señalando que el propio reglamento de esa instancia establece requisitos que, según afirmó, no habrían sido cumplidos.
La autoridad insistió en que tampoco las nuevas contrataciones del Concejo pueden realizarse discrecionalmente, puesto que deben observar los procedimientos establecidos en su propia normativa.
Ante las movilizaciones y reclamos dirigidos contra el Gobierno Municipal, Dockweiler fue categórico al señalar que el Ejecutivo Municipal no puede asumir responsabilidades originadas en actuaciones del Concejo Municipal.
“Pueden venir a marchar aquí a la puerta, pero nosotros, como Ejecutivo Municipal del Alcalde, no tenemos nada que ver con esto”, manifestó.
El Alcalde remarcó que la solución está en manos del propio Concejo Municipal y pasa por el cumplimiento de las normas y resoluciones vigentes.
Finalmente, Dockweiler explicó que, una vez que el Concejo Municipal regularice su situación institucional y remita al Ejecutivo la documentación que corresponda conforme a norma, el Gobierno Municipal cumplirá con sus obligaciones.
El mensaje del Ejecutivo Municipal es claro: los salarios del personal debidamente contratado están al día y el GAMLP no asumirá pagos derivados de contrataciones o decisiones realizadas fuera del procedimiento legal y reglamentario correspondiente.

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