
El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos presentó una denuncia por presuntos hechos de corrupción relacionados con la compra del terreno y la construcción del edificio de la Aduana Nacional en Tarija, ocurridos durante gestiones pasadas.
La denuncia fue presentada el martes 27 de enero y ya fue admitida, dando inicio al proceso de análisis e investigación correspondiente. El caso involucra a Karina Liliana Serrudo Miranda, quien fue Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia desde el 2020 hasta 2025, así como a la empresa constructora adjudicada y a la persona que vendió el terreno donde se edificó el inmueble.

Irregularidades en la compra del terreno.
De acuerdo con la denuncia, el terreno adquirido para la construcción del edificio no cumplía con los requisitos técnicos y legales exigidos en la convocatoria, como una ubicación adecuada, accesos apropiados, planos aprobados, saneamiento legal y compatibilidad con el uso de suelo.
Asimismo, se señala que el vendedor no contaba con el terreno debidamente individualizado ni saneado al momento de la adjudicación, pese a lo cual se procedió con la compra. La adquisición se habría realizado por un precio significativamente superior al de otras ofertas que sí cumplían con los requisitos establecidos.

La denuncia también advierte que, aunque el contrato señalaba una superficie mayor, la Aduana Nacional terminó recibiendo únicamente 1.000 metros cuadrados, generándose inconsistencias documentales. Además, el derecho propietario recién fue inscrito a nombre de la Aduana dos años después, debido a problemas legales y técnicos que no fueron resueltos oportunamente.
Al respecto, el Director General de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Abog. Iván Vaca Parrado, advirtió que estas situaciones habrían permitido el desembolso total de los recursos, pese a que el terreno no cumplía con las condiciones acordadas, generando un posible daño económico al Estado.
Irregularidades en la construcción del edificio.
En relación con la construcción, la denuncia señala un posible direccionamiento en el proceso de adjudicación, ya que la empresa constructora ganadora habría obtenido una baja puntuación técnica, pero aun así recibió una calificación final que le permitió imponerse sobre otras propuestas.
Se identifican además observaciones técnicas relevantes, entre ellas que la obra se ejecuta en una zona inadecuada, contraria al Plan de Uso de Suelo del municipio y poco funcional para las operaciones de la Aduana. El proyecto no contaría con planos aprobados por el Gobierno Municipal, pese a tratarse de una infraestructura financiada con recursos públicos.
La denuncia también señala que la infraestructura resultaría insuficiente y mal planificada, ya que no cubre las necesidades operativas de la Aduana Nacional, obligando a mantener otros inmuebles alquilados. A ello se suman deficiencias técnicas en la estructura, incluyendo riesgos por filtraciones de agua y condiciones inadecuadas del terreno.
Presunto daño económico al Estado.
El Viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, señaló que las irregularidades detectadas en la construcción del edificio podrían haber generado un sobreprecio en la obra, estimado en al menos Bs 9 millones, considerando que el costo por metro cuadrado excede ampliamente los valores de mercado. Asimismo, destacó un posible sobreprecio en la adquisición del terreno, debido a que la compra se realizó en condiciones que no cumplían con los requisitos técnicos y legales previstos, incluyendo inconsistencias en la superficie y saneamiento legal incompleto.
En conjunto, estos elementos configuran un presunto daño económico al Estado y una infraestructura cuya ubicación, planificación y costos generan dudas sobre su funcionalidad y adecuación para el servicio público. García Delfín recordó que este caso se enmarca en la tuición del Estado de investigar hechos de corrupción e irregularidades acumuladas durante los últimos 20 años, y precisó que se trata de uno de varios procesos que actualmente se encuentran en distintas etapas de investigación, cuyos resultados serán comunicados oportunamente conforme a la ley.

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