Marset pagó sobornos en Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela; hay pruebas

La Fiscalía de Estados Unidos encargada de la acusación en contra del narco uruguayo Sebastián Marset, detenido en una cárcel federal en Virginia desde marzo, anunció que presentará pruebas en el juicio que comenzará en 2027 sobre los sobornos que pagó a funcionarios y autoridades en Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela.

Según el escrito fiscal, al que accedió el semanario Búsqueda, se pidió autorización al tribunal correspondiente para demostrar que Marset pagó fuertes sumas de dinero a funcionarios para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden, lo que le habría permitido seguir con sus actividades vinculadas al narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

Antes de ser expulsado a Estados Unidos, el 13 de marzo de este año, Marset reveló que pagaba al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, prófugo de la justicia boliviana, medio millón de dólares para obtener protección gubernamental, judicila y policial en el régimen de Luis Arce.

El fiscal Anthony T. Aminoff presentó la moción el miércoles ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, para pedir autorización a la prsentación de pruebas de otros delitos en el juicio, que está previsto que comience en enero, reseña el portal Montevideo.

A la fecha, el uruguayo está acusado de conspiración para traficar cocaína, lavado de dinero y narcoterrorismo. Los fiscales lo señalan como líder del Primer Cártel Uruguayo (PCU) y sostienen que utilizó un modelo de “plata o plomo” para coaccionar a gobiernos.

Según el portal uruguayo, Marset mató u ordenó eliminar a rivales en el tráficode drogas o a personas que cooperaban con las autoridades. Según el escrito, los funcionarios de la región que se cruzaban con Marset “o bien aceptaban su dinero, o bien sufrían las consecuencias de su ira”.

“En particular, el gobierno presentará pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela; es decir, que el acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden”, señala el documento judicial publicado por el semanario uruguayo.

Fuente: Datápolis