“El ajuste”

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.

Si todo sale bien, el domingo 17 de agosto millones de ciudadanos habilitados para votar estarán ante la oportunidad de marcar su decisión en la papeleta electoral. Probablemente tendrán que volver a las urnas el 19 de octubre en una segunda vuelta y el 8 de noviembre, con o sin Luis Arce en el hemiciclo del Legislativo, verán jurar alnuevo presidente de Bolivia, en uno de los momentos más críticos de la historia democrática. Hay quienes dudan de que todo esto ocurra. Tienen razones para el escepticismo. 

De todas maneras, hay que destacar que las elecciones del Bicentenario avanzan sorteando mil obstáculos. Prorrogados intocables con la misión de ejecutar un plan de prórroga presidencial; recursos constitucionales contra partidos y candidatos, aunque su objetivo era paralizar el proceso; un par de siglas anuladas, casualmente las que se pretendían llevar adelante a Evo Morales como candidato presidencial, acuerdos políticos e institucionales descaradamente incumplidos; bloqueos del evismo y amenazas de sus aliados tras haber quedado al margen de la carrera; crisis de poder en del Órgano Electoral…

Otras cosas más pueden pasar en los días que restan para los comicios del 17 de agosto, pero la mayor amenaza podría darse en la misma jornada de votación con el secuestro o quema de ánforas, la destrucción del material con el que los votantes deben expresar su voluntad o la insistencia forzada de jurados electorales en las mesas. Sería el último, pero elmás antidemocrático intento de sabotaje de parte del evismo-masismo. 

Las normas prevén que el acto eleccionario debe repetirse un par de semanas después en caso de incidentes. Y si los ataques se repitieran, ocasionarían que ciertos puntos del territorio queden excluidos del cómputo nacional.

De ahí que es crucial que todos, no solamente los jurados electorales, delegados partidarios o vigilantes ciudadanos, se conviertan en guardianes de la voluntad individual convertida en decisión colectiva al final de la tarde del domingo 17 de agosto, decisión que debe ser expresada al país y al mundo esa misma noche, mediante el nuevosistema de transmisión de resultados preliminares desarrollado por el Órgano Electoral.

Han comenzado a surgir voces desde el propio evismo-masismo de no querer embarcarse en una aventura antidemocrática que lo inviabilice de cara a su nuevo rol: dura oposición en ámbitos de acción política no formal —calles y carreteras—; de cara a las elecciones regionales de marzo de 2026, cuando el mapa político boliviano terminede completarse; y sobre todo de cara a lo que seguramente conoceremos como “el ajuste”, el primer y gran desafío del próximo gobierno y la gran oportunidad del evismo-masismo para rehacerse.

El ajuste, inevitable ante el descalabro provocado y agudizado por los regímenes del masismo, tendrá entre sus principales componentes la aprobación y aplicación de un conjunto de medidas económicas que frenen en seco la multicrisis y, al mismo tiempo, instauren las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico. 

En 1985, el ajuste se dio poco después de que Víctor Paz Estenssoro juró por cuarta vez a la presidencia del país. El entonces resistido y ahora alabado decreto 21060 fue el instrumento del ajuste estructural, el puntapié inicial del neoliberalismo que condujo los destinos de Bolivia por dos décadas con luces y sombras.

40 años después, el ajuste no debe ser exclusivamente económico; tendrá que poner en marcha políticas sociales que fundamentalmente eviten eclosiones, el caldo de cultivo que puede ser aprovechado por el evismo-masismo paraponerse en pie más rápido de lo previsto. 

El ajuste también necesitará el despliegue de una estrategia que contemple las dos dimensiones de la política real en Bolivia: la gobernabilidad formal e institucional a serconstruida en el Órgano Legislativo para transformarlo en normas y nombramientos clave que lleven el sello de la legalidad democrática.

Y una combinación de urgente firmeza y necesaria negociación fuera de los espacios formales —calles y carreteras— para mantener a raya a los sectores que en los últimos 20 años se alimentaron de la estatalidad vinculada con el crimen organizado: productores de drogas en el trópico y el occidente, cooperativas de la minería ilegal, interculturales que no son otra cosa que traficantes de tierras y contrabandistas de todo tipo de mercancías.

A diferencia de 1985, cuando los partidos políticos representaban a clases y sectores sociales, en la actualidad esa cualidad se ha diluido y, por eso, los acuerdos parlamentarios serán insuficientes y postizos. Será necesariala acción de operadores políticos que tengan la templanza de imponer el ajuste al verdadero oponente —evismo-masismo—; la capacidad de convencer de que todos ganan con las nuevas medidas y la fortaleza de aplicar la ley a quienes sediciosamente se opongan, por ejemplo, con la movilización de fuerzas militares y policiales a territorios hoy sin presencia del Estado.

El ajuste, cuyo destino será la estabilización y el despegue de un nuevo modelo, tendrá carácter imperativo por la debacle multidimensional. No será opcional. Me pregunto si será aplicado mediante un “decreto mayor”, acompañado de una batería de otros decretos. O tal vez con una “ley madre” que sea apuntalada por otras que sean aprobadas con la nueva correlación de fuerzas en la ALP. A lo mejor sea una combinación de leyes y decretos que busquen desmontar el estatismo, sin descuidar que las verdaderas batallas políticas contra el ajuste se darán en las calles y las carreteras.