Ortega deja templos sin párrocos; ya expulsó al 25% de curas de Nicaragua

El régimen de Nicaragua ha expulsado de ese país a más de 150 sacerdotes. 40 de ellos fueron enviados a El Vaticano en cuatro grupos en menos de un año, sin que hasta ahora el papa Francisco se haya pronunciado sobre los destierros.

La cantidad de sacerdotes expulsados representa una cuarta parte de los sacerdotes que, hasta 2018, reconocía oficialmente la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Trabajaban en la arquidiócesis de Managua y en las ocho diferentes diócesis del país centroamericano sometido a la feroz dictadura orteguista.

“Ya hay muchas parroquias que no tienen sacerdotes, especialmente en Matagalpa, y los sacerdotes que quedan hacen un esfuerzo por visitarlas y celebrar misas, pero en las comunidades más alejadas las iglesias han tenido que cerrar sus puertas”, afirma Martha Patricia Molina, una abogada dedicada a monitorear la persecución de la iglesia católica en Nicaragua.

“El plan es vaciar a Nicaragua de sacerdotes católicos”, dice un sacerdote nicaragüense que pide no se le mencione por su nombre, según reporta Infobae. “Detrás de toda la persecución a la Iglesia Católica está la mano de la señora Rosario Murillo, que aparentemente se ha propuesto erradicar el catolicismo en Nicaragua”.

El sacerdote pide anonimato, a pesar de permanecer exiliado en Costa Rica, porque El Vaticano ha impuesto un voto de silencio que impide al clero referirse a la persecución que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua.

Dice que la iglesia de Nicaragua “vive sus días más difíciles de los últimos 500 años”, porque ni durante la revolución de los años 80 hubo tanta saña como la que se ve ahora. “Pero, el Espíritu Santo protegerá a su iglesia y sobrevivirá como ha ocurrido”, agrega.

El papa Francisco nunca ha hecho mención a los sacerdotes que han sido desterrados, ni siquiera a los que el régimen ha enviado a El Vaticano. Tampoco el arzobispo de Managua Leopoldo Brenes se ha referido al tema, en lo que parece ser un pacto de silencio impuesto desde El Vaticano.

Martha Patricia Molina también señala a Rosario Murillo como la cabeza de la ofensiva contra la iglesia católica en Nicaragua. “No me queda duda que ella esta tras los ataques a la iglesia y las deportaciones de sacerdotes. Nada se hace sin su visto bueno. Ella controla todo en Nicaragua”, comenta.

Desde el año 2018, cuando comenzaron las protestas ciudadanas contra el gobierno, hasta julio de este año, la iglesia católica de Nicaragua ha sufrido 870 ataques de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según el último informe “Nicaragua: una iglesia perseguida”, presentado por Molina.

Estos ataques incluyen golpizas a religiosos, profanaciones a templos y santuarios, encarcelamientos, expulsiones y difamaciones contra sacerdotes, entre otros, como parte de una ofensiva sistemática para exterminar a la iglesia católica del país.

Según la página oficial de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en el país existían 611 sacerdotes, una cifra que a criterio de la investigadora Molina podría estar desactualizada porque no registra las masivas expulsiones de sacerdotes ni las nuevas ordenaciones desde 2018.

De acuerdo con el registro de Molina, en los últimos cinco años han salido de Nicaragua 154 sacerdotes y 91 monjas, ya sea por exilio (65), expulsados (9), porque se les impidió su ingreso al país una vez que salieron (34) y por destierro (48).

Cuarenta de los sacerdotes nicaragüenses desterrados han sido enviados por el régimen de Nicaragua directamente a El Vaticano, en cuatro entregas en menos de un año.

Los primeros sacerdotes enviados al destierro salieron en febrero de 2023 cuando la dictadura de Daniel Ortega incluyó a ocho religiosos en un grupo de 222 presos políticos que fueron excarcelados y enviados hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el primer “paquete” de sacerdotes le llegó al papa Francisco el 18 de octubre de 2023, cuando el régimen envió a Roma a otros 12 sacerdotes que mantenía presos: Manuel Salvador García Rodríguez, José Leonardo Urbina Rodríguez, Jaime Iván Montesinos Sauceda, Fernando Israel Zamora Silva, Osman José Amador Guillén, Julio Ricardo Norori Jiménez, Cristóbal Reynaldo Gadea Velásquez, Álvaro José Toledo Amador, José Iván Centeno Tercero, Pastor Eugenio Rodríguez Benavidez, Yessner Cipriano Pineda Meneses, Ramón Angulo Reyes.

En Roma, los religiosos fueron recibidos por personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, en absoluto silencio.

Quien sí se pronunció fue el régimen de Nicaragua mediante un comunicado en el que anunció la excarcelación y mencionó las “conversaciones” que sostiene con El Vaticano.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede, informa a nuestro Pueblo que se logró un Acuerdo para el desplazamiento hacia El Vaticano de los 12 sacerdotes que, por distintas causas fueron procesados, y que han viajado hacia Roma, Italia, esta tarde”.

El segundo envío a Roma se realizó el 14 de enero de 2024 y comprendía a dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas, entre ellos el icónico obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien estaba en prisión desde la madrugada del 19 de agosto de 2022 cuando agentes de la Policía entraron violentamente al Palacio Episcopal de Matagalpa donde Álvarez residía junto con otros religiosos.

Nuevamente el régimen de Ortega se refirió a “las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia El Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas” que se produjeron gracias “al Santo Padre, Papa Francisco; a la Secretaría de Estado de la Santa Sede; a su titular, cardenal, Su Eminencia Reverendísima, Pietro Parolin, y a su equipo de trabajo”.

El régimen mencionó una supuesta comunicación entre El Vaticano y Nicaragua. “Reconocemos las posibilidades del diálogo franco, directo, prudente y muy serio, un diálogo responsable y cuidadoso, que ha hecho posible llegar a este día de alabanza al Dios de todos, que nos ilumina y guía para continuar cultivando la confianza y para acrecentar, desde la fe, la tranquilidad de espíritu y el derecho a la justicia y la vida de las familias nicaragüenses”, expresó en una nota de prensa.

Ante preguntas de periodistas, el arzobispo Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales del Vaticano, se refirió escuetamente al tema en una conferencia de prensa realizada el 18 de enero en el Vaticano, en ocasión de las celebraciones por los 200 años de la muerte del Cardenal italiano Ercole Consalvi, símbolo de la diplomacia de la Santa Sede.

“Es claro que negociar cualquier cosa, como la salida de estos sacerdotes y obispos de Nicaragua, no ha sido fácil”, señaló monseñor Gallagher y se excusó de no “dar detalles precisos” a los periodistas. “En estos últimos pasos yo no he estado muy presente porque estuve fuera de Roma en estos días y no estuve involucrado en las negociaciones”, explicó.

Las últimas dos deportaciones hacia El Vaticano sucedieron, una el 7 de agosto pasado cuando se enviaron a Roma a siete sacerdotes que el régimen mantenía recluidos en en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua, y otra, diez días más tarde, cuando se desterró a los sacerdotes Denis Martínez y Leonel Balmaceda.

Las deportaciones generalmente son antecedidas por ola de apresamientos. Los policías llegan a las parroquias sin orden judicial alguna, allanan el lugar y se llevan al sacerdote, ya sea a celdas policiales o lo entregan al Seminario Nuestra Señora de Fátima, en un arresto domiciliar de hecho.

A diferencia de las primeras, en estas últimas dos deportaciones de sacerdotes, el régimen no publicó los nombres de los desterrados.

Desde El Vaticano se ha impuesto un silencio entre sacerdotes y obispos sobre este tema en Nicaragua, que, aunque no es oficial, sí resulta evidente.

Hasta ahora ninguno de los sacerdotes desterrados a Roma ha realizado algún comentario sobre su proceso de expulsión, y el resto de religiosos consultados, aunque reconocen tener ocasionalmente comunicación con los desterrados, aclaran que no están autorizados para dar declaraciones.

Fuente: Datápolis