El Gobierno nacional señaló este martes que los recursos judiciales presentados en la víspera por grupos antivacunas en Santa Cruz y La Paz carecen de fundamento y no tendrán ningún resultado.
Iván Lima, ministro de Justicia, lamentó que esos colectivos pretendan confundir a la población, que acude masivamente a los puntos de aplicación de dosis, tras que el certificado de vacunación fuera instituido como requisito obligatorio en instituciones públicas y privadas.
“En Santa Cruz se presentó una acción popular y un amparo constitucional, en La Paz también ocurrió lo mismo, con igual argumento, la existencia de una sentencia que habilitaría la prohibición de pedir un pase sanitario y también de alguna decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, en ninguno de los dos aspectos es real, en Argentina se ha otorgado una medida cautelar mientras se considera el caso, pero no hay una decisión de fondo, lo propio en Estados Unidos, no hay una decisión como se señala en las acciones que se han presentado”, explicó LIma.
Algunos médicos, dirigentes cívicos de El Alto, iglesias evangélicas, campesinos y exdirigentes sindicales presentaron un recurso de acción popular en contra de los decretos 4640 y 4641 que exigen el carnet de vacunas o una prueba PCR. Piden que se aplique ‘medidas cautelares’ para dejar en suspenso la aplicación de ambas normas.
“El argumento es que existiría un derecho a la salud y una normativa internacional que nos prohibiría a los bolivianos tener el plan de vacunación que se ha propuesto el Gobierno nacional, esto no es evidente”, agregó Lima.
La normativa internacional a la que hacen referencia esos grupos es “referencial, pero no vinculante”. “No hay por qué confundir a la población, estos grupos se enfrentan a vacunaciones tan exitosas como las de 75.000 personas el día de ayer, la mayoría del pueblo boliviano quiere salud, que su familia sea resguardada y que no tengamos muertes innecesarias”, remarcó el ministro.
Fuente: El Deber
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