Gobierno no resuelve crisis judicial y pide penas más duras para adolescentes

En medio de la irresuelta crisis judicial y la existencia de consorcios ilegales que operan en el sistema de justicia, la ministra del área, Jessica Saravia, anunció este martes un anteproyecto de ley para incrementar las penas para adolescentes que cometan delitos graves como violación e infanticidio.

La iniciativa busca modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño y Adolescente, argumentando que las sanciones actuales son insuficientes y desproporcionadas frente a la gravedad de los hechos.

“Ha habido casos en los que menores responsables de violación seguida de infanticidio recibieron penas de solo seis años. Eso no es proporcional”, afirmó la autoridad, al presentar los principales cambios propuestos.

El anteproyecto plantea una diferenciación etaria y penal para los adolescentes infractores:

• Entre 14 y 16 años: los delitos graves contra la vida o la integridad sexual podrían ser sancionados con hasta 12 años de privación de libertad.
• Entre 16 y 18 años: la pena se elevaría a 18 años, es decir, un aumento de dos quintas partes, tomando en cuenta un mayor grado de madurez psicológica.

Saravia, según reportó el diario El Deber, aseguró que la propuesta está basada en estudios de legislación comparada y en estándares internacionales que permiten una aplicación proporcional y evolutiva de la justicia juvenil.

“En muchos casos, los menores ya tienen vínculos como concubinatos. Eso demuestra un grado de madurez distinto”, sostuvo.

La ministra precisó que la modificación se realiza dentro del marco del Código Niña, Niño y Adolescente, que actualmente establece sanciones máximas de seis años, sin importar la gravedad del delito. “Estamos hablando de delitos donde las víctimas también son menores de edad. Por eso, urge revisar estas penas”, añadió.

Consultada sobre la prescripción de delitos y la aplicación de la pena según la edad, Saravia aclaró que “la sanción se aplica con base en la edad que tenía la persona al momento de cometer el delito”. Así, si el crimen fue cometido antes de los 18 años, se aplicaría la pena correspondiente al nuevo esquema juvenil; si fue cometido después, la persona podría enfrentar hasta 30 años de cárcel, dependiendo del caso.

Avances en el caso Consorcio

En la misma conferencia, Saravia fue consultada sobre las recientes detenciones por el caso de presunta manipulación judicial denominado “Consorcio”, que involucra a exautoridades como el exministro César Siles.

Si bien evitó referirse directamente a las acusaciones de la oposición que vinculan al Ejecutivo con el caso, aclaró que el Ministerio de Justicia no realiza investigaciones, y que su rol es esperar los resultados del Ministerio Público.

“Exigimos una investigación absolutamente objetiva y transparente. No podemos emitir juicios mientras el proceso está en curso”, subrayó.

Finalmente, Saravia exhortó a la Asamblea Legislativa a dar curso con celeridad a los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo, muchos de los cuales —aseguró— buscan proteger los derechos humanos y mejorar el sistema penal juvenil.

Fuente: Datápolis