
Dos años y cinco meses después de su detención preventiva, en medio de la guerra de facciones del MAS y a un año de las elecciones generales de 2025, la Cancillería solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) atender el pedido de extradición de Maximiliano Dávila, exjefe antidrogas de Evo Morales.
“Se solicita que se tomen los recaudos correspondientes en atención a la solicitud de detención preventiva con fines de extradición promovida por los Estados Unidos”, se lee en el documento que lleva la firma de Antonio Molina, director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, según informó el diario La Razón.
El documento que remitió la Cancillería al TSJ recuerda que la Embajada de Estados Unidos solicitó en 2022 la detención preventiva de Dávila “con fines de extradición (…), por delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con armas de fuego, en los términos del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Bolivia (ahora Estado Plurinacional de Bolivia) y el Gobierno de los Estados Unidos”.
En ese entonces, señala el reporte periodístico de La Razón, el Gobierno afirmó que la solicitud de extradición tenía «ciertas limitaciones»; éstas no se complementaron, por lo que no se realizó el traslado de Dávila a Estados Unidos.
El abogado defensor del exjefe antidrogas, Manolo Rojas, informó este viernes que presentará un amparo constitucional. En su criterio, antes de la extradición, Dávila debe ser juzgado en el marco del debido proceso en Bolivia.
Parlamentarios del arcismo opinaron que el Tribunal Supremo de Justicia, con magistrados prorrogados, debe dar curso a la extradición de Dávila, mientras la diputada Luis Nayar de Comunidad Ciudadana interpretó la solicitud de la Cancillería boliviana como una «cortina de humo» para ocultar la ineficiencia del Gobierno ante la crisis económica que agudiza en el país.
Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), fue aprehendido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba cruzar la frontera hacia Argentina por el municipio potosino de Villazón.
En un inicio, el Ministerio Público lo acusó por el delito de ganancias ilícitas y amplío la investigación contra sus familiares y allegados. Pero no consideró el delito por narcotráfico, aunque tampoco lo descartó.
Sin embargo, la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) lo vinculó como uno de los capos del narcotráfico en la región.
Según las investigaciones de la DEA, iniciadas en 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se identificó una organización de narcotráfico que operaba en el país. Su máxima exportación era la cocaína, aunque también traficaban otras sustancias con destino a Estados Unidos.
Inclusive, en su momento, Estados Unidos ofreció una recompensa de $us 5 millones por la captura del exjefe de la FELCN, que al momento de ser ingresado a la cárcel de San Pedro de La Paz, exclamó que el objetivo era afectar a Morales.
Fuente: Datápolis

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