
La Paz, 19 de octubre de 2026.- El diputado Edgar Zegarra Bernal advirtió este lunes desde la Asamblea Legislativa Plurinacional que la marginación de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) del tratamiento de la nueva Ley Minera y del Código Minero es inaceptable, y anunció que si el Ejecutivo persiste en excluir a este sector, exigirá formalmente la renuncia del ministro de Minería, Marco Antonio Calderón.
En conferencia de prensa, Zegarra recordó que la minería boliviana se sostiene sobre tres pilares fundamentales —el cooperativista, el estatal y el privado—, por lo que cualquier normativa que ignore a uno de ellos nace viciada de origen y carece de legitimidad.
La exclusión de Fencomin no es un rumor: el propio Ministerio de Minería ha reconocido que el nuevo Código Minero avanza con 167 consultores y 12 delegados permanentes, pero sin la participación de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) ni de Fencomin, organizaciones que cuestionaron la metodología y se retiraron del proceso.
El borrador, que registra un avance del 35%, pretende regular aspectos clave como la seguridad jurídica, los contratos, el medioambiente, la comercialización y la trazabilidad, pero lo hace a espaldas de los actores que representan a miles de cooperativistas en todo el país.
La molestia de Zegarra no es aislada porque Fencomin ya había exigido en septiembre la renuncia del ministro Calderón por su ausencia en la Cumbre Minera y por las irregularidades en el proceso de redacción del Código, y el pasado 30 de septiembre el sector se declaró en movilización nacional exigiendo, además, la abrogación del decreto del diésel.
La exclusión de los cooperativistas del debate legislativo profundiza una crisis que el Gobierno de Rodrigo Paz parece incapaz de gestionar, y que ya derivó en bloqueos y enfrentamientos en los centros mineros.
El diputado Zegarra ha sido consistente en su defensa de los tres pilares de la minería. En la misma jornada, denunció un presunto acto de corrupción en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), donde se habría vendido un concentrado mineral por $us 11 millones cuando otra empresa ofrecía $us 22 millones por el mismo producto, y exigió a la Fiscalía investigar de oficio.
Su postura combina la defensa de la institucionalidad minera con la lucha contra la corrupción, y lo posiciona como una de las voces más firmes en un Parlamento que, hasta ahora, ha preferido mirar hacia otro lado mientras el sector cooperativista es marginado.

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