Diputadas Requena, Romero y Ballivián bloquean ley que promueve la plantación de árboles

En un contexto donde los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, la promoción de acciones concretas para la protección del medio ambiente se vuelve una necesidad urgente. Plantar un árbol ya no es solo un acto simbólico, sino una medida esencial para purificar el aire, conservar la biodiversidad y mitigar los impactos de la deforestación.

Sin embargo, este objetivo se vio afectado tras el rechazo al Proyecto de Ley de acción contra la deforestación por parte de las diputadas Cecilia Requena (Unidad), Diana Romero Saavedra (PDC) y Andrea Ballivián (Unidad), quienes conforman el Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, cuestionaron la propuesta argumentando la falta de criterios técnicos vinculados a la diversidad ecosistémica del país.

El proyecto de ley plantea una visión social y participativa: que cada ciudadano, de acuerdo a sus capacidades, asuma la responsabilidad de sembrar y cuidar al menos un árbol en un lugar adecuado. Esta iniciativa busca no solo fortalecer la forestación a nivel nacional, sino también generar una cultura de respeto, cuidado y conciencia ambiental en toda la población.

Las legisladoras argumentaron que la siembra indiscriminada podría generar efectos adversos, como daños en suelos frágiles del altiplano, incremento del consumo de agua o la introducción de especies no adecuadas en regiones como el Chaco. No obstante, especialistas en temas ambientales señalan que los árboles cumplen un rol fundamental en la protección del suelo, evitando la erosión y la pérdida de minerales, especialmente en zonas vulnerables donde la ausencia de vegetación acelera la degradación de la tierra.

Asimismo, se cuestionó que una plantación masiva sin planificación podría derivar en conflictos de uso de suelo o en la introducción de especies invasoras. Sin embargo, el propio proyecto de ley establece en su artículo 2, numeral II, que las Entidades Territoriales Autónomas serán responsables de facilitar y estimular la siembra de árboles, garantizando que se utilicen especies adecuadas y se prioricen áreas que realmente lo necesiten, bajo criterios de sostenibilidad.

Otro de los cuestionamientos fue la supuesta ausencia de lineamientos técnicos específicos, como el uso de especies nativas, densidades de plantación o programas de capacitación. No obstante, estos aspectos se encuentran contemplados dentro del marco del proyecto, que promueve la coordinación institucional y la implementación de estrategias adecuadas según cada región.

En ese sentido, el rechazo a esta iniciativa ha generado preocupación en sectores sociales y ambientales, que consideran que se ha perdido una oportunidad clave para avanzar hacia políticas públicas que involucren activamente a la ciudadanía en la protección del medio ambiente.

Resulta contradictorio que, mientras se promueve discursivamente la necesidad de preservar las áreas forestales, se rechacen propuestas que precisamente buscan fomentar una cultura ambiental responsable desde la acción colectiva.

Hoy más que nunca, Bolivia necesita unir esfuerzos entre el Estado, la sociedad y los distintos niveles de gobierno para enfrentar la crisis climática. Promover la siembra de árboles no solo es una política ambiental, sino una causa social que involucra el presente y el futuro de todos los bolivianos.