
Por Brany Mercado Hurtado / Abogado y Analista Político
En un contexto marcado por años de crisis, conflictos sociales e inestabilidad económica en el municipio de La Paz, la aplicación de una ley de alivio tributario no es solo una alternativa oportuna, sino una necesidad urgente para permitir que la ciudadanía vuelva a ponerse de pie. El objetivo central de toda gestión municipal debe ser acompañar la reactivación de sus habitantes, y no convertirse en un obstáculo que profundice su vulnerabilidad.
Actualmente, la medida impulsada desde la administración del alcalde César Dockweilermantiene congeladas las cuentas bancarias de más de 160.000 paceños por deudas impositivas. Si bien desde el Ejecutivo municipal se ha advertido sobre montos millonarios que dejarían de percibirse —cifras que en el debate público se han discutido entre los 75 y 750 millones de bolivianos—, es fundamental analizar la realidad detrás de esa cartera. Gran parte de esas deudas acumuladas son, en la práctica, incobrables. Un ejemplo claro y cotidiano es el parque automotor: miles de ciudadanos siguen arrastrando cargos tributarios por vehículos que vendieron hace años, pero cuyos compradores nunca realizaron el trámite de traspaso. Pretender cobrarle a un contribuyente por un bien que ya no está en su poder es un sinsentido administrativo que infla cifras irreales en los papeles y castiga injustamente al vecino.
Frente a este escenario, el congelamiento masivo de cuentas bancarias sin haber garantizado rigurosamente las notificaciones y las instancias del debido proceso resulta desproporcionado. Lejos de incentivar el cumplimiento, esta medida asfixia la economía cotidiana de más de 160 mil familias paceñas y provoca un retroceso económico inmediato en los sectores más sensibles de la ciudad:
• El adulto mayor. Para quien depende de una renta mínima o de sus últimos ahorros en el banco, una cuenta bloqueada significa quedarse sin acceso a medicamentos esenciales y poner en riesgo su salud y su vida.
• La comerciante gremial. Quien trabaja con el capital del día a día necesita liquidez constante para comprar mercadería; retener sus recursos es dejarla sin herramienta de trabajo y privar a su familia del sustento diario.
• El transportista. Aquel que sale cada jornada en busca de pasajeros para pagar su vehículo —su único instrumento de trabajo— queda imposibilitado de cumplir con sus obligaciones, enfrentando el riesgo de perder su patrimonio.
• El trabajador asalariado. Quien percibe su sueldo a través del sistema financiero ve retenido el fruto de su esfuerzo mensual, quedando sin recursos para cubrir alimentación, servicios básicos y deudas familiares.
Son demasiados los extremos humanos y económicos que debieron ponderarse antes de ejecutar medidas tan radicales. Una gestión edil no puede gobernar desde la coerción financiera ni castigar indiscriminadamente a decenas de miles de ciudadanos que hacen esfuerzos diarios para salir adelante.
El alivio tributario —cuya promulgación aguarda definición en medio de las observaciones presentadas por el Ejecutivo municipal ante el Concejo— representa precisamente la salida justa y equilibrada que La Paz necesita: una medida que permita sanear las deudas reales, depurar los registros obsoletos de vehículos y bienes, devolver la tranquilidad a más de 160 mil hogares y brindar un respiro indispensable ante tantas injusticias y necesidades económicas acumuladas. Reactivar La Paz exige empatía, justicia tributaria y soluciones que permitan a las y los paceños trabajar y vivir con dignidad.

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