Nuevo pacto de gobernabilidad para el Estado Autonómico 

César Augusto Tito Rosquellas es abogado Constitucionalista

Bolivia atraviesa uno de los momentos más complejos desde la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009. La crisis económica, la creciente incertidumbre institucional y el deterioro de la confianza ciudadana han puesto en evidencia que el desafío del país ya no es únicamente administrar la coyuntura, sino recuperar la capacidad del Estado para construir acuerdos duraderos. La verdadera discusión no es solo económica; es, sobre todo, una discusión sobre gobernabilidad.

En ese contexto debe entenderse el anuncio del presidente Rodrigo Paz Pereira de remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional proyectos de ley destinados a otorgar seguridad jurídica a la inversión en minería, hidrocarburos, energía y otros sectores estratégicos. La iniciativa responde a una necesidad objetiva del país: Bolivia requiere reglas claras, estables y previsibles que permitan atraer inversiones, aprovechar responsablemente sus recursos naturales y generar condiciones para superar la crisis económica.

Sin embargo, ninguna ley estratégica producirá los resultados esperados si nace en un escenario de confrontación política o si responde exclusivamente a la voluntad circunstancial de una mayoría parlamentaria. Las reformas estructurales solo adquieren estabilidad cuando son producto del consenso, y hoy el consenso constituye el principal activo político que necesita el Estado.

No puede desconocerse que el Gobierno enfrenta un desgaste significativo. Las dificultades para administrar la crisis económica, la persistente escasez de combustibles, la presión cambiaria, las controversias públicas relacionadas con la calidad de los combustibles, los cuestionamientos sobre el combate al contrabando de oro, las denuncias de corrupción y otros episodios que han marcado la agenda pública han debilitado la confianza ciudadana. A todo lo referido se suma la percepción de que el Presidente no ha logrado consolidar un equipo político y técnico con la fortaleza suficiente para conducir una agenda de reformas de largo alcance.

Pero precisamente en los momentos en que la legitimidad política enfrenta mayores desafíos es cuando las instituciones constitucionales deben desplegar toda su capacidad para generar gobernabilidad. La Constitución Política del Estado nos ofrece ese camino: el artículo 12 no solo establece la independencia de los órganos del poder público; también les impone el deber de coordinar y cooperar en la realización de los fines del Estado. Ese mandato nunca había sido tan vigente como ahora.

No obstante, la gobernabilidad del siglo XXI no puede construirse únicamente mediante la coordinación entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Desde 2009, Bolivia dejó de ser un Estado territorialmente centralizado para adoptar un modelo autonómico que reconoce competencias propias a los gobiernos departamentales, municipales y a las autonomías indígena originario campesinas. El problema es que ese diseño constitucional no ha encontrado una correspondencia plena en la práctica política y administrativa del país.

Durante casi dos décadas predominó un modelo de fuerte concentración de decisiones políticas, administrativas y financieras en el nivel central del Estado. Esa dinámica, impulsada por los gobiernos del Movimiento al Socialismo, fortaleció el centralismo en la gestión pública, mientras las entidades territoriales autónomas continuaban ejerciendo competencias constitucionales con recursos limitados y con reducidos márgenes de decisión. El resultado ha sido una tensión permanente entre la arquitectura autonómica prevista por la Constitución y una cultura política que mantuvo una marcada vocación centralizadora.

Por los argumentos expuestos, la discusión actual no debería reducirse a la aprobación de nuevas leyes sectoriales. El verdadero desafío consiste en inaugurar una nueva etapa de gobernanza para el Estado autonómico boliviano.

En esa perspectiva adquiere especial importancia el acuerdo político e institucional suscrito el 5 de agosto de 2026 entre el Presidente del Estado y los gobernadores de los nueve departamentos. Si la voluntad expresada en ese encuentro logra consolidarse, Bolivia podría estar asistiendo al nacimiento de un verdadero Nuevo Pacto de Gobernabilidad para el Estado Autonómico.

Los primeros consensos alcanzados para avanzar hacia el esquema del 50/50 no deberían entenderse únicamente como una discusión sobre porcentajes o distribución de recursos; representan, en realidad, la oportunidad de iniciar un nuevo pacto fiscal que permita dotar de suficiencia financiera a las entidades territoriales autónomas para ejercer eficazmente las competencias que la Constitución les reconoce.

Las futuras leyes sobre minería, hidrocarburos y energía deben convertirse en el primer gran ejercicio de ese nuevo modelo de gobernanza. Su elaboración no puede limitarse al trabajo del Órgano Ejecutivo y al debate parlamentario tradicional; debe incorporar institucionalmente a las gobernaciones, los municipios, las autonomías indígena originario campesinas, las universidades, los colegios profesionales, los sectores productivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía organizada, conforme al principio de democracia participativa reconocido por la Constitución.

Lo planteado exige crear mesas técnicas permanentes integradas por especialistas en derecho constitucional, técnica legislativa, minería, hidrocarburos, energía, economía, tributación, regalías y medio ambiente, cuya misión sea elaborar propuestas normativas técnicamente sólidas, capaces de proteger el interés nacional, otorgar seguridad jurídica a la inversión y garantizar una distribución equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento de los recursos naturales.

Al mismo tiempo, la complejidad del momento político hace aconsejable fortalecer los mecanismos de articulación institucional. Más allá de las atribuciones constitucionales que corresponden al Vicepresidente en la relación de coordinación entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, la magnitud de los desafíos actuales justifica que el Presidente designe un Delegado Presidencial para el Diálogo, la Coordinación Política y la Concertación Legislativa, no como respuesta a circunstancias personales o coyunturales, sino como una decisión estratégica de gobernanza democrática. El país necesita una personalidad de reconocido prestigio público, independencia, solvencia ética y profundo conocimiento del procedimiento legislativo, capaz de construir consensos entre el Gobierno, el Parlamento, las autonomías y la sociedad civil.

La legitimidad de las futuras leyes no dependerá únicamente del número de votos que obtengan en la Asamblea Legislativa; dependerá, sobre todo, de la amplitud del consenso político, territorial y ciudadano que logren construir. Las grandes transformaciones institucionales nunca son el resultado de una imposición; son la consecuencia de acuerdos capaces de trascender a los gobiernos y convertirse en verdaderas políticas de Estado.

Bolivia tiene hoy una oportunidad que difícilmente volverá a repetirse. La crisis puede ser el punto de quiebre que profundice la polarización o el momento fundacional de una nueva etapa institucional. Si el acuerdo alcanzado el 5 de agosto se convierte en el inicio de un Nuevo Pacto de Gobernabilidad para el Estado Autonómico, el país habrá comenzado a recorrer el camino que la Constitución trazó hace diecisiete años: un Estado donde la unidad se fortalezca mediante la coordinación, la cooperación, la participación ciudadana y el respeto efectivo de las autonomías.

Quizás el verdadero legado de este tiempo no sea la aprobación de una ley minera, hidrocarburífera o energética. El verdadero legado podría ser haber comprendido que la estabilidad democrática, el desarrollo económico y la cohesión territorial solo serán posibles cuando Bolivia deje atrás la lógica del centralismo y haga realidad, por fin, el Estado autonómico que la Constitución prometió.