
Alan Lisperguer no ingresará a la cárcel con detención preventiva, como solicitó el Ministerio Público, y pese a que le ampliaron la presunta comisión de delitos relacionados con nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes cuando ejerció el cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua, deberá quedarse en su casa.
Este sábado, en una audiencia de medidas cautelares, la justicia paceña dictó detención domiciliaria para Lisperguer, quien deberá cumplir con varias medidas sustitutivas, como el pago de una fianza de 15.000 bolivianos y presentarse cada 15 días ante la Fiscalía.
En enero de este año se conoció que la Fiscalía aceptó una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia en contra de Lisperguer por supuestos “movimientos inusuales” en sus cuentas.
En febrero, la Fiscalía emitió una primera resolución de imputación en contra de la exautoridad por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de sus bienes. Hace unos días amplió su acusación a nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.
El Ministerio Público pidió tres meses de detención preventiva, pero Lisperguer deberá permanecer en su domicilio y no podrá salir sin autorización judicial.
Además, pesa sobre él un arraigo, según informó este sábado el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.
Tras su aprehensión, Lisperguer se acogió al derecho del silencio y en breve contacto con los periodistas declaró que su detención respondía a una acción impulsada por el Gobierno nacional.
Desde el Gobierno se rechazó cualquier afirmación o pronunciamiento sobre que la actual administración de Luis Arce esté tras la denuncia, que derivó en la aprehensión de la exautoridad que semanas atrás protagonizó un hecho de violencia contra su pareja en un sitio público en la ciudad de Santa Cruz.
Fuente: Datápolis

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