La Paz, 28 de mayo de 2025.- El jefe Nacional de Campaña de la Alianza Libre, Luis Vásquez Villamor, afirmó este miércoles que la administración del presidente Luis Arce Catacora ha ingresado en su fase terminal y ha perdido legitimidad ante el pueblo boliviano, por lo cual debe preparar la fase de transición y dejar la suscripción de contratos internacionales relacionados con el litio y los recursos naturales al futuro Gobierno, que será elegido el 17 de agosto de este año.
En conferencia de prensa, Vásquez Villamor, exministro de Justicia y exsenador del Estado, señaló que la prioridad de este Gobierno debe ser garantizar la realización de unas elecciones nacionales transparentes, que transmita certidumbre a la población boliviana, y dejar la toma de decisiones sobre el futuro de los recursos naturales al próximo presidente y a la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional que será posesionada los primeros días de noviembre.
“Este Gobierno está en un momento terminal de su mandato, la legitimidad que tiene ya no le alcanza para tomar decisiones transcendentales, todas las decisiones transcendentales que tienen que ver con los recursos naturales y el litio deben ser tomadas por el próximo Gobierno y no por este, lo que tiene que hacer este Gobierno es preparar la transición, entregar las cosas y garantizar que se lleve un proceso electoral limpio… Cualquier cosa que haga este Gobierno como negocios internacionales de ahora en adelante se va sospechar sobre corrupción”, dijo Vásquez.
El juez de Instrucción de Colcha K, Edson Villarroel Herrera, determinó emitir medidas cautelares, disponiendo que la Asamblea Legislativa no pueda tratar los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas china CBC y rusa Uranium One, además de que no se ejecuten obras relacionadas con el litio, en tanto se define una acción popular presentada por una organización de comunarios.
Los comunarios de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias Nor Lípez presentaron la Acción Popular en demanda de la suspensión de los contratos, en tanto no se realice una serie de medidas que garanticen sus derechos y de la Madre Tierra en el salar de Uyuni, como la consulta previa, el estudio de impacto ambiental y una regulación sobre la explotación del litio.
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