Sep 25, 2022 | 14:07

El bajo desempleo es igual al incumplimiento de los derechos laborales

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Por: Willy Marcos Chipana Mamani – Comunicador

Las autoridades de Gobierno a menudo señalan que la tasa de desempleo abierto urbano disminuyó del 11,6%, en julio de 2020, a 4,2% en mayo de 2022, es decir que se registró un descenso de 7,4 puntos porcentuales (pp). La cifra fría puede ser útil para mencionar que las políticas económicas aplicadas fueron las acertadas porque las condiciones de los bolivianos mejoraron de forma gradual.
Sin embargo, la cifra oficial no señala las características cualitativas del empleo en el área urbana y no se menciona acerca de cuál es la situación en el área rural, por tanto, la cifra debe ser considera parcial con relación al empleo en el país.
En una economía con una informalidad del 85%, la población económica activa (PEA) accede a empleos precarios que se caracterizan por ser inestables, baja remuneración o por debajo del salario mínimo nacional (Bs. 2.250), no cuentan con seguro de salud y no aportan para su jubilación.
Para aterrizar en lo concreto, en la ciudad de El Alto, según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) emitidos en 2016, al menos ocho de cada 10 personas en edad de trabajar desempeñaron sus actividades en el sector informal, cuyos sueldos no superan el salario mínimo como de las trabajadoras del hogar de Bs 800 al mes. Esta situación no cambio para nada en la actualidad porque sólo basta darse una vuelta por la Ceja de la ciudad de El Alto y verificar esta situación laboral precaria.
En criterio del analista Bruno Rojas, el desempleo en El Alto a julio de este año alcanzó al 3,8% por debajo del dato nacional, lo cual es alentador en apariencia, pero en esencia esconde el subempleo que afecta al 35% de la PEA (335.500 personas) con relación a los más de 1.100.000 habitantes proyectados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) para el 2022. El subempleo no sólo se caracteriza por ser empleos precarios, sino porque los trabajadores que se formaron en una especialidad trabajan en otras actividades por bajos salarios, por ejemplo, abogados que trabajan de choferes o vendedores en ferias.
Este grupo trabaja menos de 36 horas a la semana, se concentra en las ferias y sus actividades se desempeñan en condiciones precarias porque no cuentan con los beneficios que señala la Ley General del Trabajo de 1942, es decir, son trabajos precarios o empobrecidos. Sin embargo, el Gobierno señala que es población ocupada y forma parte de la reducción del desempleo.
La actual situación laboral desnuda que el desempleo sólo es una cifra que no muestra a los miles de varones y mujeres que engrosaron el sector informal que se observa en las calles que ofertan productos de contrabando con el objetivo de obtener unos centavos al día para sobrevivir. Esta situación demuestra la falta de políticas de Estado en el ámbito laboral y que sólo se fijan en los datos fríos como lo hacían los gobiernos de las décadas del 80 y 90.
No se puede hablar de una reducción del desempleo, sino se identifica la calidad del empleo que, al momento, en su mayoría, es precario porque los salarios son bajos, no se cumplen las horas de trabajo, no existe seguro de salud, no hay vacaciones, no hay indemnización, no existe una pensión de jubilación y se cometen las vejaciones impensables a la dignidad de las personas como se difundieron en medios de comunicación.
No debe sorprender que mañana, las autoridades públicas señalen que el desempleo urbano bajó al 1% y se realicen fiestas, propaganda o ruedas de prensa sin mostrar el lado cualitativo, es decir, sin reconocer la calidad de empleo existente que en algunos casos linda con el “pongueaje”.
La única manera de salir de las cifras que pueden engañar una realidad objetiva, es mediante una diversificación del aparato productivo manufacturero que genere valor agregado, pero para ello todos los sectores de la sociedad deben sentarse para establecer las bases. Sólo podrá existir empleo digno con salarios dignos como lo señala la Constitución Política del Estado (CPE) cuando existan empresas o industrias que absorban una mayor cantidad de fuerza de trabajo, pero con la existencia de una economía informal (85%) sólo se crea sueños húmedos que sólo sirven para engatusar a incautos.
Dos tipos de trabajo, otra discriminación
Lo primero que se debe señalar es que en el país has dos tipos de normas laborales que se aplican, los trabajadores del sector privado se rigen por la Ley General del Trabajo, y los servidores públicos que desempeñan labores en el Gobierno, gobernaciones y alcaldía están enmarcados en la Ley del Estatuto del Funcionario Público 2027.
En el caso del sector público, los empleados pueden ser echados a la calle o despedidos en función del interés del jefe del partido político, donde no prima la capacidad o la experiencia, sino el haber pintado las paredes, haber aportado para la campaña electoral, sea familiar o amigo del jefe. En este grupo, los pocos que gozan de estabilidad laboral pueden estar tranquilos, pero la mayoría no goza de estabilidad porque ni el Ministerio de Trabajo los protege.
En el sector privado, las relaciones laborales se rigen por un conjunto de normas que pueden ser evadidas por los empleadores, debido a que el Ministerio de Trabajo no tienen la capacidad coercitiva y los trabajadores deben acudir a procesos judiciales laborales que pueden demorar años sin ningún destino. En este grupo están los “cuenta propistas” como los gremialistas, los albañiles eventuales o empresas familiares, donde las normas laborales son un viejo recuerdo del pasado que no se aplica.
Es la injusticia o discriminación laboral que no muestra un proceso revolucionario o de cambio que sólo acaba en el discurso lírico de reactivación económica y de acusar a los que realizan observaciones a las políticas económicas de derechistas, neoliberales, privatizadores, golpistas o vendepatrias. En la santa inquisición, el pensar diferente con relación al poder era causa para ser quemado en la hoguera.


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