
Germán Gutiérrez Gantier es abogado y político.
El Poder Judicial, ahora Órgano Judicial en Bolivia, en su construcción histórica tiene influencias doctrinarias e ideológicas que han marcado su identidad.
I. INTRODUCCION
El mundo moderno ha sufrido radicales transformaciones políticas, económicas y sociales, debido a las revoluciones burguesas de finales del s. XVIII y otros eventos de gran impacto.
Eric Hobsbawn ha denominado este periodo como el de la doble revolución, debido a la coincidencia de la Revolución Francesa de 1789 con la revolución industrial, las mismas que están a la par y en igual proporción con la revolución norteamericana de 1776.
Las ideas emergentes y las revoluciones fueron liderizadas y encabezadas por la naciente burguesía que se encontraba en pleno proceso de expansión, por lo que sus ideas a decir de Marx “… son las ideas en cada época, o dicho, en otros términos, la clase ejerce el poder material dominante en las sociedades, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante.”
Su impacto fue en todos los ámbitos, el lenguaje sufrió modificaciones con la incorporación de nuevos vocablos como fábrica, clase media, proletariado, liberal, etc. que fueron acuñados o adaptados en diversas partes del mundo. Las revoluciones liberales de EEUU en 1776 y Francia en 1789 promovieron la formación del estado moderno que se constituyó en un modelo occidental universal con la instauración de la democracia representativa, la separación de los poderes del estado, la igualdad ante la ley, los derechos y garantías de las personas y la liberalización del comercio interior, entre otros.
Estas revoluciones liberales tuvieron como actor principal a la burguesía para acabar con el despotismo de las monarquías, razón por la que el concepto de soberanía nacional emergió como la expresión de la voluntad del pueblo que reside en la nación de quién emana la voluntad del estado. Máxima que luego de traducirá en los textos constitucionales del mundo occidental. Ideológicamente la influencia de la ilustración es inocultable, pues este movimiento cultural del siglo XVIII se extendió desde Francia por toda Europa y luego al Nuevo Mundo.
Su propuesta revolucionaria de centrar en la razón humana la fuente del conocimiento y construir una mejor sociedad sin desigualdades donde se garanticen los derechos de los individuos fue central y conmovió hasta los cimientos a las estructuras sociales, políticas y económicas de entonces.
La ilustración fue un proceso inédito en la historia de la humanidad que hasta entonces tenía una visión teocéntrica del mundo y dio lugar a un pensamiento y comportamiento antropocéntrico que reivindico el rol del ser humano en los cambios de las sociedades.
Recurrir al conocimiento como una herramienta para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, permitió una construcción social y estatal diferente a la prevaleciente.
La revolución de EEUU tuvo una fuerte influencia de las ideas de Montesquieu con la división de los poderes, en tanto la revolución francesa con las ideas de Rousseau con su idea de la voluntad general que se traduce en el bien común.
De este nuevo orden surge la democracia representativa como producto lógico y necesario, y claro está, con la separación de los poderes del Estado devenido en un principio universal cuya referencia normativa está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en su artículo 16. “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”. Como se puede observar la relación derechos, garantías, separación de poderes y constitución tienen una íntima relación en el funcionamiento del Estado moderno.
Karl Loewenstein señala que la separación de poderes tiene una fuente ideológica que “en realidad sólo corresponde a una protesta ideológica del liberalismo político contra el absolutismo de la monarquía en los siglos XVII y XVIII” que impide la concentración del poder en una sola persona con la estructuración de andamiajes ideológicos no neutros expresados en valores y principios que se reflejan en la formación de los Estados en Latinoamérica en contra de la corona española.
Las ideas de libertad individual en contra de los opresores como la construcción de la patria fueron la esencia de los movimientos independentistas.
El tiempo transcurrido entre estas revoluciones liberales de Europa occidental y los primeros sucesos revolucionarios en las colonias españolas es de no más de 40 años, lo que permite sostener una fuerte influencia ideológica que bien pudo haber tenido un proceso de maduración mayor de no contar con los doctores de Charcas.
II. LATINOAMERICA EN EL SIGLO XIX
Latinoamérica al inicio del s. XIX ya era un espacio territorial conflictuado en el que la corona española sufría objeciones por los criollos y soportaba varios levantamientos indígenas que fueron sofocados sangrientamente.
Los criollos o españoles americanos reclamaban una mayor presencia en la administración colonial frente a los administradores, lo que produjo feroces luchas, motines y rebeliones.
Las ideas revolucionarias, alborotaban a los intelectuales que estaban en las universidades, donde recibían influencia de la ilustración y del pensamiento liberal.
Esa élite de los doctores de Charcas asimiló las nuevas tendencias con energía. El Primer Grito Libertario en Chuquisaca, el 25 de Mayo, no fue casual porque los depositarios de las nuevas ideas eran los intelectuales universitarios charqueños.
Uno de los medios que utilizaron los revolucionarios para propagar sus ideas conspirativas en contra de la corona española fue el texto escrito. Circulaban textos de la Constitución francesa y de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y otros más, que forjaron los sueños de independencia en Bolívar, Sucre, Zudáñez y otros protomártires.
III. ¿QUE HACER CON LA LIBERTAD?
Una vez lograda la expulsión de las fuerzas coloniales a decir de Ciro Félix Trigo “…el Alto Perú alcanzó la meta de su libertad. ¿Qué hacer con ella? Proseguir en el propósito recóndito, nacido en lo más hondo de la lucha, que como ensueño de gloria buscaba la organización de una república independiente.”
Bolívar envío al Mariscal Sucre al Alto Perú, quien, a diferencia de lo que pensaba el Libertador dicto el Decreto de 9 de febrero de 1825, con cinco considerandos y 21 artículos, este es el primer instrumento legal base para la fundación de Bolivia.
El Decreto afirma en su considerando segundo que el ejército del Libertador no intervendrá en negocios domésticos, invocando que las provincias organicen su gobierno, este junto al último considerando incorporan conceptos esenciales de pueblo y soberanía que son un cimiento en la futura construcción del estado.
La convocatoria y funcionamiento de la Asamblea de Diputados para que deliberen su suerte esta penetrada por prácticas democráticas que luego pervivieron en el tiempo como aquella de elegir a sus representantes y tomar decisiones mediante el voto.
La fuerza de la Declaratoria de la Independencia del 6 de Agosto de 1825, que determina erigir el nuevo Estado soberano e independiente de todas las naciones está presente hasta nuestros días.
A ella le siguen otras normas como la Ley Constitucional del 13 de agosto de 1825 que en su artículo 1° declara que el gobierno es uno, general y concentrado para toda la República y sus departamentos reconociendo la existencia de tres poderes el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
IV. LA CONSTITUCION DE BOLIVIA
Fundada la República, se dicta la primera Constitución Política del Estado, impregnada ideológicamente por las nuevas corrientes, al grado que el Libertador Bolívar prometió otorgar “la Constitución más liberal del Mundo” texto que fue promulgado con algunas modificaciones el 19 de noviembre de 1826.
Determina que el poder supremo en su ejercicio se divida en cuatro secciones: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En su Título Séptimo Del Poder Judicial, aborda las atribuciones del mismo con el reconocimiento universal de la separación de poderes, la facultad de juzgar pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley y que “ningún boliviano podrá ser juzgado en causas civiles y criminales, sino por el tribunal competente designado con anterioridad por la ley.”
Los magistrados y jueces no pueden ser suspendidos sino únicamente por disposición de la ley debido a la comisión de faltas graves en el desempeño de sus cargos, la responsabilidad de magistrados y jueces es personal, el máximo tribunal será denominado Corte Suprema de Justicia integrada por un presidente, seis vocales y un fiscal.
Le asignan11 atribuciones: Conocer las causas criminales contra el vicepresidente, ministros de Estado y parlamentarios de la República, conocer las causas contenciosas, conocer las casusas de la separación de los magistrados y prefectos, dirimir competencias, conocer en tercera instancia la residencia de todo empleado público, oír las dudas sobre la inteligencia de las leyes, conocer los recursos de nulidad, examinar el estado de las causas civiles y criminales pendientes y ejercer la facultad directiva, económica y correccional sobre tribunales y juzgados.
En la estructura del Poder Judicial se incorporan las Cortes de Distrito Judicial en los departamentos que el Legislativo considere necesario y los partidos judiciales. Señalando los requisitos para sus miembros y sus atribuciones.
Se incorporan jueces de paz en la administración de justicia, los mismos que estarán en los pueblos para las conciliaciones. Incorpora principios e institutos válidos hasta el día de hoy como las instancias en una causa, un precedente al principio de presunción de inocencia y el juez natural.
Los textos constitucionales de 1831, 1834, 1839, 1843 y 1851 no efectúan mayores modificaciones de fondo, abundan en los requisitos para desempeñar funciones en el Poder Judicial, fijan sus atribuciones o derivan las mismas a una ley.
El texto de 1861 cambia la edad como requisito para la elección de los ministros de 35 a 40 años.
Se establece dentro de sus atribuciones de manera puntual el conocimiento de asuntos de puro derecho cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y la facultad legislativa de presentar proyectos de reforma de códigos.
Los textos constitucionales y decisiones convencionales de 1868, 1871, 1878, 1880, 1899 y 1921 no ofrece mayores cambios, excepto que los ministros pueden ser bolivianos de nacimiento o naturalizados.
En la de 1938, se otorga al Poder Judicial competencias en el ámbito electoral. Las de 1945, 1947, 1961 y 1967 no ofrecen mayores cambios. Empero en la última se incorpora una aspiración permanente del Poder Judicial el principio de autonomía económica.
Las reformas en el texto Constitucional de 1994 en el Poder Judicial son de fondo, se crean el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura y se implementa en la designación de autoridades y jueces la meritocracia más la regla de oro del sistema de voto de los dos tercios.
El texto de 2005 es breve y no se refiere al Poder Judicial El texto de 2009 mantiene en esencia los elementos señalados con anterioridad, es novedosa en cuanto al sistema de selección y elección de las altas autoridades judiciales por voto popular, se cambia la designación de poderes a órganos y se determina el funcionamiento autónomo del Tribunal Constitucional . El concepto de pluralismo, a diferencia de los textos anteriores que planteaban la homogeneidad, penetra también en el ámbito jurídico con el reconocimiento de la justicia indígena originaria campesina.
En los diferentes textos constitucionales el Poder Judicial ahora Órgano, sufre modificaciones en sus atribuciones, forma de elección, tiempo de mandato y forma de organización.
V. CONTENIDO CONSTITUCIONAL DICOTOMICO
En el documento de mi autoría EL COGOBIERNO DE LOS JUECES sostengo que «la nueva Constitución fue presentada como un producto de vanguardia, pese al conflictivo camino recorrido en su aprobación que transcurrió de una Asamblea Constituyente originaria y plenipotenciaria a una derivada. Dos visiones de país se plasmaron en su texto en una suerte de empate que solo y únicamente podrá dilucidarse en el tiempo con la articulación de nuevas correlaciones de fuerza, la una expresa una plurinacionalidad inconsistente y la otra un Estado de autonomías difuso, con lo que la norma constitucional promulgada en febrero del 2009 cobra vigencia formal con problemas no resueltos y previsibles escenarios de conflicto en el futuro”.
Suponer que la CPE promulgada en febrero del 2009 resolvió las contradicciones prexistentes es un error, ya en el artículo 1° constitucional se expresa una ingeniería poco coherente.
No es la Constitución la que declara que el Estado boliviano es plurinacional, esta designación ha sido impuesta por el Decreto Supremo N° 48 de 18 de marzo de 2009 que en su Artículo único determina “En cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, deberá ser utilizada en todos los actos públicos y privados, en las relaciones diplomáticas internacionales, así como la correspondencia oficial a nivel nacional e internacional, la siguiente denominación: ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”; que un decreto supremo defina el carácter del Estado resaltando solo una de sus diez características es una arbitrariedad.
Los artículos 2, 3, 4 y 5 constitucionales abordan la idea de valores y principios éticos morales ancestrales y occidentales, que en su aplicación utilitaria han creado más conflictos que soluciones. Lo plurinacional comunitario debería conectarse y complementarse con el estado unitario social de derecho con autonomías y no ser considerado y tratado como un contrario.
En tanto el Estado social de derecho es una forma de organización política occidental que pretende asegurar el respeto y la garantía de los Derechos Humanos que terminan siendo el fundamento y la razón del Estado, lo pluri marca la diferencia étnico cultural cuya consecuencia es una sociedad irreconciliablemente dividida y conflictuada.
La primera requiere del estado como un mecanismo de protección de los derechos y garantías para todos y no solo para una parte la sociedad, vale decir sustenta el principio de la homogeneidad. Por su lado, la segunda, al imponer por la fuerza una construcción hegemónica de estado, sociedad y poder político sobre la base del principio de la diferencia, plantea la necesidad de motorizar las estructuras estatales represoras al margen de los mecanismos democráticos con el envilecimiento institucional.
VI. LA CRISIS
¿La crisis del sistema judicial es un hecho aislado o es parte de la crisis del Estado Plurinacional? La crisis del sistema judicial es en todos sus niveles vale decir una crisis orgánica no funcional. Es, en suma, una crisis estructural que no se resuelve con reformas formales ni parciales.
Gramsci sostiene en sus Cuadernos de la Cárcel, que la crisis orgánica se da “…ya sea porque la clase dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política… o impuesto con la fuerza el consenso de las grandes masas (como la guerra) …” que se manifiesta en una “crisis de autoridad” y esta “es la crisis de hegemonía o crisis del Estado en su conjunto.”
En consecuencia, pretender resolver los problemas del sistema judicial sin resolver el problema mayor que es la estructuración del estado mismo, es una pretensión sin destino porque la solución debe ser política que confronte la crisis del Estado en cuyo seno está el sistema judicial.
La Constitución de 2009 no ha logrado construir una institucionalidad a su medida, en el nuevo Estado conviven formas pasadas y actuales que no terminan ni de morir ni de germinar.
La diferencia adquiere centralidad en el comportamiento estatal y en los titulares del poder político la confrontación es una manera de ser que imposibilita consensos, diálogos democráticos y la convivencia de los diferentes.
Así la democracia reconquistada en octubre de 1982, se encuentra en contradicción permanente con formas autoritarias articuladas y definidas en el texto constitucional, por ello se instala la diada amigo enemigo que posibilita la confrontación política violenta e intolerante.
VII. ESTADO DE DERECHO
El Estado de derecho explica Raymundo Gil Rendón “…ha sido objeto de estudio a través de dos enfoques: como aspiración política y como pretensión de seguridad jurídica; ambas bajo tintes de una visión ideológica cuya finalidad es la de legitimar y justificar la existencia del estado en términos jurídicos.”
En la realidad boliviana el Estado de derecho es una aspiración no cumplida pese a la norma escrita.
Las adscripciones ideológicas con la intención de fundar un nuevo constitucionalismo del socialismo del s. XXI es un esfuerzo sin mayores fundamentos científicos.
Nuestro texto constitucional vigente tiene, teóricamente, aproximaciones con el modelo jurídico político del neoconstitucionalismo que surge en la segunda mitad del siglo XX cuya intención es la de articular la democracia con el constitucionalismo.
Su tesis central radica en romper con la rigidez de las normas positivas las que no solo deben ser aplicadas en pureza eliminando, como explica Bobbio, elementos extraños como aquellos de orden sociológico, histórico, psicológico o políticos, de tal manera que evite su monismo y unidimensionalidad.
Esa ruptura se puede lograr si las decisiones jurídicas derivan de una norma moral, que sea parte de la validez jurídica en la que la legislación positiva objetiviza los principios y normas del derecho natural.
Estos principios han querido forzadamente ser relacionados con el pachamamismo y prácticas ancestrales sin éxito alguno.
La conexión de diferentes fuentes y tradiciones no se ha producido y si más bien se ha instalado un desorden promotor del autoritarismo que daña la convivencia pacífica entre los bolivianos.
VIII. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BOLIVIA
La constitución del 2009 tiene las pretensiones antes indicadas. Su Preámbulo es esencialmente jusnaturalista, tiene un sentido antipositivista, el primer párrafo indica: “En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.”
Este poético relato de la conformación de la sociedad, el reconocimiento de derechos naturales anteriores a la conformación estatal, la ancestral diferencia étnica de tinte racial de nuestros orígenes; el reconocimiento de valores y principios naturales positivados en el texto constitucional es una mezcla de cosmovisiones, de lo ancestral con lo occidental, de tal modo que la pretensión de crear una nueva doctrina constitucional fracasó estrepitosamente.
Su perspectiva confusamente jusnaturalista que apunta que “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien” es un deber ser afectado por el incumplimiento cotidiano del poder político.
El pretendido reconocimiento de la composición plural del pueblo boliviano con actores y momentos históricos importantes, excluye contradictoriamente a sectores sociales de gran significación, así desnuda su esencia en la que la pluralidad no es el reconocimiento de los diferentes para que convivían respetuosamente sino la sobre posición de unos respecto a otros así sea violentamente.
IX. LO CONFRONTACIONAL
Lo confrontacional se explicita con mayor rigor cuando afirman que dejan en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal al que pretenden reemplazarlo con el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Suponen maniqueamente que la historia empieza con ellos y que todos los acontecimientos sucedidos en la colonia y en la república es lo malo que hay extirpar de la memoria de los bolivianos.
Prometen una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida, dicen, con el desarrollo integral y la libre determinación; sin embargo, para alcanzar estos objetivos deben someter por la fuerza al diferente. La ecuación no cuadra.
La violencia estatal es parte de su proyecto, sus ejecutores son los movimientos sociales constituidos en la fuerza de choque, corrupta y prebendal.
Todos estos factores son nada más que efectos producidos del proceso abortado constituyente y la promulgación de un texto marcado por la violencia estatal al margen de cualquier consenso social. De este modo no hay nada que reformar sino cambiar todo.
X. LA AVENTURA FRACASADA
El órgano judicial y el tribunal constitucional son parte inseparable de esta construcción y de la crisis orgánica del Estado.
El procedimiento constitucional de seleccionar y elegir a las altas autoridades judiciales y constitucionales a través del voto popular es una aventura que ha fracasado. En lugar de superar las viejas prácticas las ha profundizado y convertido a los magistrados en corresponsables de la consolidación de la dictadura.
Se ha llegado a un punto tal que así se cumpla tardíamente con el mandado constitucional de elegir a las autoridades judiciales y constitucionales, ellas son y seguirán siendo parte del conflicto y de la continuidad de la crisis.
En el pasado se cumplió con el procedimiento constitucional de convocar al ciudadano para elegir a estas autoridades, su participación en las urnas fue una llamada de atención por la reducida participación que hubo, lo que de entrada deslegitimó el mandato de esas autoridades.
Nada, pero nada permite suponer que en diciembre de este año las cosas mejorarán, el ciudadano cansado, asqueado e incrédulo difícilmente ira a las urnas, un ausentismo mayúsculo podría terminar con esta aventura.
No hay dudas, pese a las duras y justas críticas al sistema judicial del Estado nacional este fue mejor de lo que ahora tenemos con el estado plurinacional. Cuánto esfuerzo, cuántos recursos gastados inútilmente. Lo más grave cuánta esperanza ciudadana nuevamente frustrada.
Vía: Datápolis

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