
Tras dos jornadas de intenso debate y análisis técnico, diputado Raúl Párraga, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, informó que se aprobó por mayoría, en sus estaciones en grande y en detalle, el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, incorporando modificaciones orientadas a fortalecer el aparato productivo, respaldar a las universidades públicas y consolidar mecanismos de sostenibilidad fiscal.
El diputado Párraga, destacó que el tratamiento de la norma se desarrolló con responsabilidad y priorizando el interés nacional. «El Presupuesto General del Estado constituye una de las normas económicas más importantes del país. Nuestro trabajo fue analizar cada disposición con seriedad, escuchar los distintos criterios y plantear modificaciones que respondan a las necesidades de los bolivianos», afirmó.
Con la aprobación en Comisión, el proyecto de ley fue remitido al Pleno de la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento y consideración.

Entre las principales modificaciones aprobadas está el que establece la exención del pago de aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por un período de cinco años, para la importación y comercialización de insumos, semillas, drones y sus accesorios, herramientas, equipos, bienes de capital y plantas industriales destinados a los sectores agropecuario, industrial, construcción, transporte y minería.
Asimismo, la Comisión aprobó una redistribución del incremento presupuestario destinado al sistema universitario público, por un monto de Bs 409.725.262. De acuerdo con la modificación incorporada, el 85% de los recursos (Bs 348.266.473) será destinado al financiamiento de servicios personales, específicamente al pago de sueldos y salarios, fortaleciendo la capacidad académica y administrativa de las universidades.
El 15% restante (Bs 61.458.789) será asignado al fortalecimiento de la investigación científica mediante el financiamiento de estudios y proyectos de investigación, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado.
También se incorporaron disposiciones destinadas a fortalecer la disciplina fiscal y la transparencia en la administración pública. Se establece que el presupuesto modificado tendrá vigencia únicamente durante la gestión fiscal 2026 y no podrá ser utilizado para convalidar, regularizar o legitimar actos administrativos, financieros, presupuestarios o de endeudamiento realizados con anterioridad a la promulgación de la ley.
Asimismo, se dispone la creación de programas de saneamiento y sostenibilidad fiscal para las Entidades Territoriales Autónomas, permitiendo que aquellas que suscriban acuerdos con el Ministerio de Economía puedan acceder a mecanismos especiales para readecuar su situación financiera.

Además, se modifica el artículo 115 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, fortaleciendo el rol fiscalizador de las asambleas legislativas departamentales respecto al uso de los recursos públicos y estableciendo la obligación de verificar que la deuda flotante y la deuda no registrada no superen el cinco por ciento del gasto ejecutado correspondiente, además de promover las acciones legales pertinentes cuando existan gastos efectuados sin respaldo financiero.
El presidente de la Comisión de Planificación señaló que las modificaciones incorporadas buscan otorgar mayor seguridad jurídica, transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo económico, la inversión productiva y el fortalecimiento institucional del Estado.

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